El Congreso de la República del Perú aprobó una nueva inhabilitación política contra el expresidente Martín Vizcarra, quien queda prohibido de ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años. La decisión fue respaldada con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, tras aprobarse un pedido de reconsideración que derivó en esta tercera sanción contra el exmandatario.
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Esta última medida se fundamenta en la disolución del Congreso realizada por Vizcarra en septiembre de 2019, considerada ahora por el actual Parlamento como una grave infracción constitucional.
Nueva inhabilitación por la disolución del Congreso en 2019
La decisión legislativa sanciona a Vizcarra por lo que el Congreso califica como un acto inconstitucional al cerrar el Parlamento durante su mandato presidencial. Si bien en su momento la medida fue apoyada por parte de la ciudadanía y convalidada parcialmente por el Tribunal Constitucional, el Legislativo actual determinó que se trató de una violación al orden democrático.
Con esta resolución, Martín Vizcarra queda impedido de postular o asumir cualquier cargo público hasta 2035.
Martín Vizcarra suma tres inhabilitaciones por distintos casos
La inhabilitación de Vizcarra en 2025 se suma a dos sanciones anteriores:
- Abril de 2021: Inhabilitado por 10 años tras el escándalo del Vacunagate, en el que se descubrió que recibió la vacuna contra la COVID-19 de forma irregular, antes del cronograma oficial.
- Mayo de 2022: Sancionado por 5 años por presuntos vínculos con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
En conjunto, estas tres inhabilitaciones han bloqueado cualquier intento de retorno político del expresidente, incluyendo su fallida candidatura al Congreso en las elecciones de 2021.
Consecuencias políticas y legales para Martín Vizcarra
A pesar de no tener prisión preventiva por los casos judiciales en curso, Martín Vizcarra enfrenta un veto político sin precedentes en la historia reciente del Perú. El Congreso ha reiterado su postura de sancionar a exautoridades que considera responsables de infracciones constitucionales, consolidando así una línea dura contra actos que alteren el orden institucional.
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