El Congreso ha decidido crear una comisión ad hoc para investigar a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, tras el escándalo relacionado con una presunta red de prostitución dentro de la institución. Esta comisión estará liderada por funcionarios designados durante la gestión de Alianza para el Progreso (APP), quienes supervisarán el proceso disciplinario. Torres tiene un plazo de cinco días para presentar sus descargos.
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La resolución que formaliza la creación de esta comisión, identificada como la n.º 836-2024-DRH/DGA/CR, fue firmada por Haidy Figueroa, jefa del Departamento de Recursos Humanos, militante de APP desde 2014. Figueroa ha estado involucrada en controversias previas, incluida la autorización de la pensión vitalicia para el exdictador Alberto Fujimori, por la cual está siendo investigada por la Fiscalía.
La Dirección General Administrativa (DGA) del Congreso, encabezada por Carlos Pais, remitió la información del reportaje periodístico del programa ‘Beto a saber’ a Recursos Humanos. Pais fue nombrado durante la gestión de APP en la Mesa Directiva, al igual que el oficial mayor, Giovanni Forno, quien tendrá la tarea de designar a los integrantes de la comisión ad hoc.
El caso de Torres Saravia está siendo investigado simultáneamente por el Ministerio Público, la Comisión de Fiscalización y en el ámbito administrativo del Congreso.
Revelaciones en chats y testimonios
El semanario Hildebrandt en sus trece publicó chats de WhatsApp que involucran a Torres Saravia en actividades ilícitas. Según el reportaje, organizaba reuniones para adultos con la participación de altos funcionarios y trabajadores del Legislativo, a quienes fotografiaba y grababa sin su consentimiento. También se menciona que compartía estas imágenes con un círculo íntimo, e incluso llegó a enviar la fotografía de un alto funcionario en ropa interior mediante mensajes temporales.
Entre febrero y marzo, Torres renunció a su cargo para postular como procurador del Congreso, siendo reemplazado por José Rubio Preciado, un excompañero del Ministerio de Justicia. Sin embargo, testimonios indican que Torres continuaba dando órdenes desde fuera.
Uno de los chats menciona a Andrea Vidal Gómez, conocida como «la China», quien recientemente fue asesinada en La Victoria en un ataque de sicarios. En un mensaje, Torres pidió a Rubio que manejara la ausencia de “la China” en las actividades. Rubio respondió con un tono que, según los testigos, refleja familiaridad con las situaciones irregulares.
Lugares vinculados
Las reuniones organizadas por Torres habrían tenido lugar en departamentos alquilados a través de Airbnb, en zonas exclusivas como Barranco y San Isidro. Entre las direcciones identificadas figuran un piso en el edificio The Modern y otro en la calle Deán Valdivia.
Vinculación de extrabajadores
Además, el semanario reveló que Isabel Cajo, una excolaboradora de la Oficina Legal y Constitucional, trabaja actualmente en el despacho del congresista Edwin Martínez, de Acción Popular. Ante las críticas, Martínez defendió su contratación, argumentando que cumplía con los requisitos para el puesto.
Este caso ha destapado una serie de irregularidades que implican a figuras clave del Congreso, aumentando la presión para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
