El Congreso de la República aprobó en primera votación un proyecto de ley que busca enfrentar de manera directa la extorsión y el sicariato en el sector transporte, una problemática que afecta tanto al transporte público como al de mercancías. La iniciativa, presentada por el congresista José Jerí, fue respaldada por 79 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, reflejando un amplio consenso parlamentario.
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Proyecto busca frenar la violencia en el transporte nacional
Durante la sesión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional y de Transportes y Comunicaciones, se expusieron los motivos detrás de la propuesta. Según el dictamen, las mafias han incrementado su actividad delictiva en las principales rutas del país, utilizando amenazas, cobros ilegales y ataques directos contra empresas y conductores.
Ante este panorama, el Congreso consideró urgente implementar medidas excepcionales que permitan proteger la integridad de los trabajadores y la continuidad de los servicios de transporte.
Crean registro nacional de empresas vulnerables del transporte
Uno de los principales puntos del proyecto aprobado es la creación del Registro Nacional de Empresas de Transporte Vulnerables, herramienta que permitirá al Estado identificar y monitorear a las compañías con alto riesgo de ser blanco de organizaciones criminales.
Este registro servirá, además, para establecer protocolos de seguridad especializados, brindar asistencia estatal y aplicar mecanismos de control más estrictos en aquellas rutas donde se detecten amenazas persistentes o actividades delictivas.
Asimismo, la norma autoriza la intervención temporal de rutas o concesiones en las que existan evidencias de infiltración de mafias dedicadas a la extorsión o al sicariato, con el fin de garantizar la continuidad del servicio bajo supervisión estatal.
Coordinación entre SUNAT, Sutran y la Policía Nacional
El dictamen plantea la coordinación interinstitucional entre la SUNAT, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para detectar posibles casos de lavado de activos o financiamiento de organizaciones criminales mediante empresas de transporte.
Este trabajo articulado permitirá el intercambio de información financiera y logística para acelerar las investigaciones y prevenir delitos vinculados al crimen organizado. Según el texto aprobado, estas acciones serán acompañadas por sistemas de monitoreo digital y controles aleatorios en terminales de transporte interprovincial.
Supervisión especial en terminales y apoyo de fiscalías especializadas
La propuesta legislativa también contempla que el Ministerio del Interior aplique supervisión especial en terminales terrestres considerados de alto riesgo, reforzando la presencia policial y los controles de ingreso y salida de vehículos.
De manera complementaria, se promoverá la participación de fiscalías especializadas en crimen organizado en todos los casos relacionados con extorsión, sicariato o infiltración criminal en el sector transporte, asegurando una respuesta judicial más rápida y efectiva.
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