El legislador Lenin Checco sostuvo que esta decisión fue anunciada en Junta de Portavoces y consideró que es parte del desinterés de investigar los audios del caso ‘Richard Swing’. Agregó que existe más voluntad en plantear una respuesta ante la medida del Ejecutivo.
El Congreso de la República recurrirá a la asesoría de tres abogados constitucionalistas ante la decisión del Gobierno de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, por la moción de vacancia por presunta incapacidad moral contra el presidente Martín Vizcarra.
Según indicó el vocero de Frente Amplio, Lenin Checco, estos abogados se encargarán de defender los intereses del fuero legislativo ante el máximo intérprete de la Constitución. La decisión fue anunciada durante la Junta de Portavoces de esta noche.
Al respecto, Checco consideró que esta decisión se desprende de un desinterés por parte de la Junta de Portavoces de ahondar en la investigación de los audios del caso ‘Richard Swing’, que involucran al presidente. En cambio, apunta a la respuesta que tendrá el Congreso ante la demanda competencial del Ejecutivo.
“A priori en Junta de Portavoces estamos viendo que no hay interés de ahondar la investigación. No sé la verdad quién está asesorando en la Mesa Directiva, han contratado tres abogados, esperamos que realmente no sea para ahondar la crisis, sino para solucionar los problemas”, dijo el legislador.
Demanda competencial
El Consejo de Ministros acordó este sábado presentar una demanda competencial con una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, a fin de que determinen cómo se interpreta la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que presentó el Gobierno.
Al respecto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, indicó que la figura de incapacidad moral permanente pretende ser imputada por el Legislativo «de manera equivocada e inconstitucional».
Agregó que este pedido será delegado a su despacho con la finalidad de demostrar «que el modo como está interpretando el Congreso la Constitución no es compatible con el sistema de Gobierno, está afectando competencias del Ejecutivo y minando el orden constitucional».