Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe final sobre el ‘Caso Cofre’, en el que se evalúa un presunto mal uso del vehículo oficial de la mandataria Dina Boluarte para un supuesto encubrimiento del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.
El informe final recomienda que se lleven a cabo acciones civiles para obtener la restitución de recursos usados de manera indebida, además de iniciar un proceso disciplinario que pueda incluir la inhabilitación de cargos públicos sobre la jefa de Estado.
Se precisa también que hubo un uso indebido de esta unidad y obstaculización de la justicia, mediante un presunto intento de favorecimiento y encubrimiento para dar facilidades a Cerrón Rojas.
En otra parte del informe, se incluye como recomendación evaluar «si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente».
El Poder Judicial rechazó el pedido de la mandataria Dina Boluarte que pretendía anular la denuncia constitucional en su contra por desactivar el equipo especial que brindó apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundada la tutela de derechos y validó las pruebas entregadas por el Ministerio Público al Congreso.
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