La Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el fujimorista Arturo Alegría, inició el debate sobre el predictamen del reglamento que regirá al próximo Parlamento bicameral. Sin embargo, la discusión estuvo marcada por las críticas al monto de la remuneración de futuros senadores y diputados, que ascendería a más de S/ 34 mil mensuales.
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Sueldo equiparado a jueces supremos
Según el documento debatido, los legisladores de ambas cámaras recibirían un salario equivalente al de un juez supremo titular, actualmente fijado en S/ 34,917.20. La propuesta generó cuestionamientos inmediatos, especialmente de Ruth Luque, parlamentaria del Bloque Democrático Popular, quien pidió explicaciones:
“Me llama la atención que el nuevo reglamento establezca que senadores y diputados perciban una remuneración mensual igual a la de un juez supremo. Es importante conocer la justificación”, señaló.
El predictamen también detalla los derechos y deberes de los futuros parlamentarios, aunque varios congresistas recordaron que muchos miembros de la comisión podrían postular al Senado, lo que alimenta las críticas por un posible conflicto de intereses.
Reacciones divididas en el Congreso
Tras la sesión, Latina Noticias consultó a los legisladores sobre el impacto de esta propuesta. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, evitó pronunciarse directamente y pidió no reducir el debate a un solo punto. En cambio, José Cueto, de Honor y Democracia, no descartó el aumento, pero sugirió un cambio estructural en la escala salarial del Estado:
“El presidente debería ser el que más gane. De ahí hacia abajo todos los demás funcionarios”, declaró.
Alto impacto en el presupuesto público
De aprobarse el reglamento, el gasto mensual en remuneraciones para los 130 diputados y 60 senadores ascendería a S/ 6.6 millones. Esto representaría un desembolso anual cercano a los S/ 93 millones, considerando las 14 remuneraciones (12 sueldos más dos gratificaciones) que recibirían cada parlamentario.
El debate continuará en próximas sesiones, mientras crecen las críticas ciudadanas y políticas por el costo del Parlamento bicameral en un contexto de crisis económica y desconfianza hacia el Congreso.











