El Congreso ha decidido archivar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
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¿Por qué se archivó la denuncia contra Dina Boluarte?
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, encargada de evaluar la denuncia presentada por la Fiscalía, determinó que no existían pruebas suficientes para imputar a Dina Boluarte por las muertes durante las protestas. El informe final, elaborado por el congresista José Jerí de la bancada Somos Perú, argumentó que no se encontraron elementos que vinculen directamente a la presidenta con los hechos denunciados. Esta decisión refuerza la percepción de que el Congreso ha optado por proteger a la mandataria, generando críticas de diversos sectores.
El rol de José Jerí en la decisión del Congreso
José Jerí, congresista de Somos Perú y candidato a la presidencia de la Mesa Directiva, fue el encargado de presentar el informe que recomendó el archivo de la denuncia. Su participación ha sido clave, ya que su liderazgo en la SAC ha influido en la dirección de esta resolución. La rapidez con la que se presentó el informe, en menos de cinco minutos y sin debate, ha sido señalada como un indicio de la intención de blindar a Boluarte frente a las acusaciones.
¿Qué ocurrió durante las protestas de 2022 y 2023?
Las protestas que sacudieron Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 surgieron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Los manifestantes exigían la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Durante estos enfrentamientos, se reportaron decenas de muertes, lo que llevó a la Fiscalía a investigar posibles responsabilidades de la presidenta y otros funcionarios. Sin embargo, la SAC concluyó que no había pruebas suficientes para responsabilizar a la mandataria.
Implicaciones de archivar la denuncia contra Boluarte
El archivo de la denuncia ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos consideran que la decisión se basa en un análisis técnico, otros la ven como un intento de proteger a Dina Boluarte y evitar un proceso político-penal. Esta resolución podría tener consecuencias en la percepción pública de la presidenta, cuya gestión ha sido cuestionada por su manejo de la crisis social y política.
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