La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575 contra el exministro del Interior, Willy Huerta Oliva, por presunta infracción a diversos artículos de la Constitución. La decisión contempla su inhabilitación para ejercer cualquier función pública durante un periodo de diez años.
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La votación obtuvo 14 votos a favor y 6 en contra, consolidando una sanción basada en los hechos registrados durante el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando Huerta se desempeñaba como ministro del Interior en el gobierno de Pedro Castillo.
Huerta no ejerció su defensa durante la sesión
El exministro participó virtualmente en la sesión mediante la plataforma Teams, aunque optó por no hacer uso de su derecho a la defensa. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, recordó que la citación se había reprogramado una vez a solicitud de Huerta. Al no intervenir, se dio paso a la presentación del informe, el debate y la posterior votación.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sustentó el documento que detalla las acciones y decisiones atribuidas al exministro en los días previos y durante el intento de golpe del 7 de diciembre.
Reuniones y coordinaciones previas al golpe
De acuerdo con el informe aprobado, Huerta acudió al Despacho Presidencial los días 1, 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2022. El 7 de diciembre, ingresó antes del mensaje a la nación de Pedro Castillo y permaneció en Palacio luego de su difusión.
Desde el lugar habría facilitado comunicaciones entre el expresidente y el entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para coordinar el cierre del Congreso y la intervención del Ministerio Público. El documento también señala que transmitió órdenes para reforzar la seguridad en los domicilios de los padres de Pedro Castillo, de Betssy Chávez y de Aníbal Torres.
Horas después de los hechos, Huerta presentó su renuncia al cargo, registrada a las 13:31 del mismo día.
Sustento constitucional de la sanción
El informe concluye que el exministro no actuó en resguardo del orden constitucional, sino que contribuyó a medidas que vulneraron la Carta Magna. Se trata de una sanción de carácter político, no penal, en concordancia con el artículo 100 de la Constitución, que permite al Congreso inhabilitar a altos funcionarios hasta por diez años ante infracciones constitucionales.
El documento detalla la presunta vulneración de artículos vinculados con la defensa del Estado de Derecho, el adecuado ejercicio de la función pública y el respeto a la estructura constitucional del país. Debido a la gravedad de los hechos descritos, la Comisión Permanente optó por aplicar la sanción máxima prevista.
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