La Mesa Directiva del Congreso de la República aprobó por unanimidad la suspensión de viáticos, pasajes y asignaciones para parlamentarios y asesores durante las semanas de representación de enero, febrero y marzo de 2026, periodo previo a las elecciones generales. La decisión marca un precedente en la administración de recursos públicos y se da en medio de cuestionamientos sobre el uso de fondos estatales en actividades políticas.
PUEDES LEER ► Despliegan 200 policías para los ‘puntos críticos’ en Sullana
¿Por qué el Congreso decidió suspender los viáticos?
La medida establece que, aunque los legisladores deberán continuar cumpliendo con sus labores representativas, no recibirán pagos adicionales por viajes, transporte o actividades vinculadas a los desplazamientos oficiales. Según informó el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, la disposición tiene como objetivo proteger el presupuesto estatal durante una etapa particularmente sensible.
“Todos estos gastos ya no serán pagados ni a los congresistas ni a los asesores. Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos”, señaló Rospigliosi en un video institucional difundido tras la aprobación del acuerdo.
El presidente del Legislativo añadió que la voluntad de la Mesa Directiva fue unánime, y destacó que busca evitar cuestionamientos o posibles malos usos de recursos en plena campaña electoral. Para Rospigliosi, la decisión “es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral”, enfatizando que el país atraviesa un escenario que exige máxima transparencia.
Contexto político y cuestionamientos recientes al Parlamento
La aprobación de esta medida coincide con una etapa de tensiones internas en el Congreso, marcada por denuncias sobre el uso indebido de recursos estatales. En semanas anteriores, un reportaje de Cuarto Poder reveló que tres asesores parlamentarios —Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz— participaron en actividades internas de Fuerza Popular durante el horario laboral, pese a figurar en planilla con sueldos superiores a 3.500 soles.
El informe evidenció que las oficinas congresales desconocían el paradero de estos funcionarios. Incluso, la parlamentaria Auristela Obando afirmó no reconocer a una asistente oficialmente asignada a su equipo. Un caso similar se registró en la comisión técnica, donde Ulloa Depaz aparecía en planilla sin que ninguno de sus compañeros asegurara haber trabajado con él. Estos hechos desataron críticas sobre la fiscalización interna en el manejo de personal y recursos institucionales.
La propuesta: un intento de respuesta a las controversias
La iniciativa para suspender viáticos surgió pocos días después de que Rospigliosi anunciara su intención de presentarla, con el respaldo de la congresista Norma Yarrow. La idea, según señalaron ambos, respondía a la necesidad de garantizar un manejo responsable de los fondos públicos y evitar que las semanas previas a las elecciones se conviertan en un pretexto para gastos cuestionables.
El periodo de campaña suele ser una etapa vigilada, en la que la línea entre representación parlamentaria y proselitismo puede verse difuminada. Por ello, diversos especialistas en gestión pública han señalado que limitar los recursos durante estas semanas podría contribuir a reforzar la confianza ciudadana en el Congreso.
Investigaciones y procesos en curso que involucran al Parlamento
En paralelo a estas medidas internas, el presidente del Congreso enfrenta un proceso ante el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (JEE). La entidad concluyó que Rospigliosi incumplió sus funciones de control al permitir el uso de una cámara institucional del Parlamento durante un evento partidario de Keiko Fujimori en Trujillo, donde se oficializó su candidatura.
La resolución también incluyó a trabajadores del Parlamento, señalando que no hicieron lo necesario para impedir el uso de recursos institucionales en un acto político. El caso fue enviado a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.











