La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este martes el dictamen que propone restablecer la inmunidad parlamentaria para todos los legisladores. La votación culminó con 15 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.
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¿Qué plantea el nuevo dictamen sobre inmunidad parlamentaria?
El dictamen aprobado modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, estableciendo que tanto senadores como diputados, elegidos en las Elecciones Generales de 2026, no podrán ser procesados ni arrestados sin previa autorización del Pleno del Congreso o la Comisión Permanente, salvo en casos de delito flagrante.
Esta iniciativa representa un cambio clave respecto a la eliminación de la inmunidad realizada en febrero de 2021, y busca —según sus impulsores— proteger la función parlamentaria frente a presiones externas o denuncias que busquen obstruir su labor fiscalizadora.
Próximo paso: debate en el Pleno
Ahora, el dictamen pasará al Pleno del Congreso, donde será sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi. Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requiere dos votaciones favorables con al menos 88 votos, en dos legislaturas ordinarias consecutivas. De no cumplirse esta condición, la propuesta deberá ser sometida a referéndum nacional.
La propuesta unifica dos proyectos de ley presentados por los congresistas Wilson Soto (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Libre), quienes argumentan que esta protección es esencial para garantizar el equilibrio de poderes y la independencia del Legislativo.
¿Por qué se eliminó la inmunidad en 2021?
La inmunidad parlamentaria fue eliminada durante la gestión del Congreso 2020-2021, tras diversas denuncias públicas sobre su presunto uso para evitar investigaciones judiciales. Sin embargo, el actual dictamen plantea su recuperación con ciertas condiciones, intentando equilibrar la protección legal de los congresistas sin promover impunidad.
¿Qué impacto tendría esta reforma constitucional?
De aprobarse, la reforma restablecería la inmunidad parlamentaria a partir del periodo legislativo 2026, marcando un cambio en la relación entre el Congreso y el sistema judicial, y podría generar debate político y social sobre los alcances y límites de esta figura legal.
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