El debate sobre los privilegios en el Congreso de la República volvió a encenderse tras un reportaje de Panorama que reveló los detalles del seguro médico privado contratado para los legisladores y sus familiares, cuyo costo supera los 9.5 millones de soles para el periodo 2025-2026.
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El contrato fue adjudicado de manera directa a la aseguradora Rímac, sin proceso de licitación pública, lo que generó cuestionamientos sobre transparencia en el uso de fondos estatales.
Seguro premium frente a hospitales colapsados
Mientras miles de peruanos esperan meses por una cita en el Seguro Integral de Salud (SIS) y deben comprar sus propios medicamentos ante el desabastecimiento en hospitales, los congresistas acceden a un plan premium que cubre atenciones en las clínicas más exclusivas de Lima, como la Angloamericana, San Felipe o Delgado.
La póliza no solo cubre a los 130 legisladores, sino también a sus familiares directos. La congresista Maricarmen Alva reconoció:
“Yo tengo tres hijos, mi esposo, mi mamá y mi hija que tiene 24 años”.
Es decir, cinco beneficiarios adicionales en una sola póliza financiada con dinero público.
Cada congresista cuenta con una prima mensual de más de S/ 2,500, lo que equivale a 30,000 soles anuales por persona. El plan cubre hospitalizaciones, partos, cesáreas, emergencias, procedimientos complejos e incluso segundas opiniones médicas en Estados Unidos o España, con una cobertura de hasta 35 mil dólares.
Gasto en aumento y sin competencia
En 2024, el Congreso destinó más de 7.4 millones de soles para este seguro. Un año después, el gasto subió a 9.5 millones, es decir, un incremento superior a 2 millones de soles en un solo periodo.
Expertos en contratación pública advirtieron que, al tratarse de fondos estatales, la adjudicación debió realizarse bajo un proceso competitivo, con más de un proveedor y criterios de transparencia.
Privilegio exclusivo frente a la indignación ciudadana
El beneficio no solo alcanza a los congresistas en funciones, sino también a parlamentarios andinos, expresidentes de la República y sus familiares. La cobertura se extiende a hijos hasta los 24 años y, en algunos casos, incluso más.
En la práctica, cada legislador goza de un seguro que pocos peruanos podrían costear en el sistema privado, lo que acentúa la brecha entre los representantes y la ciudadanía.
Mientras la mayoría de pacientes debe juntar dinero para pagar una tomografía o esperar semanas por una operación, los congresistas reciben atención inmediata, sin copagos y con acceso a tratamientos de primer nivel.
El contraste entre la crisis del sistema público de salud y los beneficios médicos del Parlamento ha generado una ola de indignación ciudadana y reaviva el debate sobre los privilegios que disfrutan los legisladores en un país con serias carencias en atención hospitalaria.
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