El Congreso de la República recibió este jueves un proyecto de ley multipartidario que propone nacionalizar Telefónica del Perú, declarando la medida como de necesidad pública e interés nacional. La iniciativa, respaldada por congresistas de izquierda, también plantea la creación de una nueva empresa estatal que asumiría las operaciones de telecomunicaciones en el país.
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El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá expropiar todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú en un plazo máximo de 30 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma. Esta expropiación incluiría también a empresas vinculadas como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú, creadas entre marzo y junio de 2020.
El texto argumenta que la medida busca proteger los intereses del Estado, de los afiliados a las AFP, de los proveedores y garantizar la conectividad nacional, considerando las telecomunicaciones como un servicio estratégico.
¿Cómo se calcularía el valor de la expropiación?
El valor de la expropiación —denominado “justiprecio”— se calcularía con base en la última operación extrabursátil de venta del 99.3% de acciones de Telefónica del Perú. A este monto se le descontarían deudas tributarias, sanciones regulatorias y otras obligaciones pendientes con el Estado.
Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú
El proyecto contempla además la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, una entidad pública de derecho privado adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esta empresa asumiría la gestión de los servicios de telecomunicaciones bajo un modelo de gobierno corporativo, mientras se define si su administración será estatal, concesionada o privatizada bajo nuevas condiciones.
Congresistas que impulsan la iniciativa
Entre los congresistas que respaldan esta propuesta figuran Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Jaime Quito y Roberto Sánchez, quienes argumentan que se trata de una medida urgente para resolver los problemas estructurales del sector telecomunicaciones y fortalecer el control estatal en servicios esenciales.
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