Quince miembros del actual Parlamento votaron a favor de un dictamen que busca eximir a los partidos políticos de cualquier responsabilidad penal, a pesar de estar vinculados a investigaciones por presuntos delitos como lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y organización criminal. Este movimiento parlamentario ha generado controversia al no considerar los conflictos de interés existentes entre sus roles legislativos y las investigaciones en curso que involucran a sus propias organizaciones políticas.
LEE TAMBIÉN ► Congreso elimina cobro por transferencia bancaria y pago de tarjetas
La decisión del Poder Judicial de incluir al partido Renovación Popular en una carpeta fiscal de investigación preparatoria ha puesto de nuevo en el centro del debate público las acciones de un grupo significativo de congresistas que buscan proteger a sus partidos políticos de posibles repercusiones legales.
El accionar de ciertos sectores parlamentarios revela una alianza estratégica entre el fujimorismo y el cierreño para impulsar intereses particulares. El proyecto de ley fue presentado por Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y respaldado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano.
La propuesta cuenta además con un dictamen favorable de la Comisión de Justicia, liderada por Perú Libre. Ahora, solo falta la votación en el pleno para que esta contrarreforma penal se convierta en ley.
LEE TAMBIÉN ► Congreso busca liberalizar depósitos CTS: ¿Populismo o apoyo económico?
¿En que consiste la Ley de impunidad en los partidos políticos?
El dictamen aprobado implica una modificación en el artículo 105 del Código Penal, con el fin de evitar la aplicación de sanciones como la inhabilitación y disolución de los partidos políticos en casos donde se compruebe su participación en la comisión de delitos.
Según explicó el penalista Jorge Zúñiga en una entrevista previa, si bien los partidos políticos no son concebidos para cometer delitos, pueden ser utilizados para actividades ilícitas como el lavado de activos, la organización criminal, la estafa o la defraudación tributaria.
