El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó el Proyecto de Ley N.° 11561, que plantea sancionar con penas de 3 a 6 años de prisión a quienes interpongan “denuncias falsas” en casos de violencia familiar, incluyendo violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
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La propuesta, ingresada al Congreso el pasado 12 de junio, busca incorporar el artículo 402-A al Código Penal y también modificar la Ley N.° 30364, para considerar la denuncia falsa como un agravante penal. Además, el dictamen establece sanciones penales y civiles para abogados, médicos, psicólogos, policías u otros profesionales que colaboren en la elaboración de pruebas falsas o adulteradas.
En la Comisión de la Mujer y Familia, que debate actualmente el proyecto, Muñante defendió su iniciativa señalando que, si una denuncia no termina en sentencia condenatoria, es porque “la denunciante mintió”. “Cuando una mujer va y denuncia a su pareja en una comisaría, le entregan una ficha en la que deben marcar del 1 al 10 cuánto considera que su pareja puede ser un potencial feminicida, y como la mujer tiene cólera, le pone 10”, declaró en la sesión del 8 de septiembre.
La comisión está presidida por Milagros Jáuregui, también de Renovación Popular, quien en legislaturas anteriores impulsó proyectos cuestionados, como la eliminación del delito de feminicidio para reemplazarlo por “asesinato de pareja”, la derogación del aborto terapéutico en menores y propuestas contra la educación sexual integral y el enfoque de igualdad de género.
Un país golpeado por la violencia de género
El debate surge en un contexto de violencia persistente en el Perú. Según el Programa Nacional Warmi Ñam del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en lo que va de 2025 los Centros Emergencia Mujer (CEM) han atendido más de 168 000 casos de violencia y realizado cerca de 99 000 acciones preventivas.
En 2024, el país registró 162 feminicidios, casi la mitad de ellos contra mujeres que ya habían denunciado previamente a sus agresores.
Organizaciones civiles rechazan ley
El Movimiento Manuela Ramos expresó su rechazo al proyecto de Muñante a través de un comunicado publicado el 19 de junio.
“El Proyecto de Ley 11561 amenaza con cárcel a las mujeres que denuncian violencia familiar. Recordamos a los congresistas que las cifras de feminicidios nos indican que muchas denuncias no son atendidas a tiempo y que, en otros casos, las mujeres tienen miedo o desconfianza para denunciar. Exigimos al Congreso legislar desde la evidencia y atender la dramática realidad de la violencia familiar con seriedad y compromiso”, señaló la organización feminista.
Asimismo, el pasado 13 de junio, Promsex, Amnistía Internacional, DEMUS y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron que la medida debilita la Ley 30364 y constituye una amenaza directa contra el derecho de las mujeres a acceder a justicia.
“Expresamos nuestra preocupación ante los intentos del Congreso de deslegitimar la Ley 30364 y amedrentar a las sobrevivientes de violencia, mujeres e integrantes del entorno familiar”, señalaron en el comunicado.
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