Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, enfrenta una nueva resolución judicial que ratifica su prisión preventiva por 24 meses. Esta medida se enmarca en la investigación por presunto lavado de activos y organización criminal relacionados con el financiamiento ilegal de las campañas políticas de su partido en 2021.
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¿Por qué confirmaron la prisión preventiva de Vladimir Cerrón?
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió, por mayoría, mantener la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas, quien permanece prófugo desde octubre de 2023. El magistrado Leodan Cristóbal Ayala señaló que la defensa del exgobernador de Junín no presentó nuevos elementos que justificaran anular la medida. Además, se destacó que Cerrón ha incumplido de manera reiterada las reglas de conducta impuestas por las autoridades judiciales, lo que refuerza la necesidad de mantenerlo bajo custodia preventiva.
La Fiscalía sostiene que Cerrón Rojas encabeza una organización criminal dentro de Perú Libre, utilizando fondos ilícitos provenientes de redes delictivas como Los Dinámicos del Centro y Los Tiranos del Centro. Estas redes, según el Ministerio Público, operaban en el Gobierno Regional de Junín para financiar actividades políticas del partido.
¿Qué argumentos presentó la defensa de Cerrón?
La defensa de Vladimir Cerrón buscó anular la prisión preventiva argumentando que otras instancias judiciales, como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, anularon condenas previas en los casos Aeródromo Wanka y La Oroya. Según sus abogados, estas decisiones demostrarían una supuesta “arbitrariedad” en su contra, justificando su condición de prófugo bajo el concepto de “objeción de conciencia”. Sin embargo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó estos argumentos, aclarando que las sentencias de otros casos no son aplicables a la investigación en curso por lavado de activos.
¿Qué dice la resolución judicial sobre el caso?
La resolución, a la que tuvo acceso Perú21, indica que la “objeción de conciencia” no es válida para eximir a Cerrón de cumplir con las disposiciones judiciales, como comparecer o colaborar con las autoridades. Los magistrados concluyeron que no existe una medida menos severa que la prisión preventiva para garantizar que el investigado se someta al proceso. Además, se subrayó que Cerrón Rojas lleva más de 15 meses prófugo, lo que evidencia su renuencia a acatar las órdenes judiciales.
