La Comisión Permanente del Congreso decidió este viernes aprobar el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el cual recomienda archivar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte en relación con el denominado caso Rólex.
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Con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, se confirmó así la decisión tomada previamente por la SAC el pasado 11 de abril. En aquella oportunidad, dicho grupo de trabajo concluyó que «es constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio disponer el archivo, ya que no procede formular acusación contra la presidenta Dina Boluarte, conforme lo establece el artículo 117 de la Constitución».
Entre quienes votaron a favor del archivo se encuentran los congresistas Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Luis Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Héctor Ventura, todos de Fuerza Popular. También respaldaron la medida Alejandro Soto, María Acuña y Lady Camones, de Alianza para el Progreso; Silvia Monteza y Wilson Soto, de Acción Popular; José Jeri y Héctor Valer, de Somos Perú; y José Cueto, de Honor y Democracia.
En oposición votaron José Luna, Digna Calle y Ariana Orué, de Podemos; Waldemar Cerrón y Flavio Cruz, de Perú Libre; Patricia Chirinos, de Renovación Popular; Alex Flores, de la Bancada Socialista; y Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo. Por su parte, Jorge Coayla, de esta última agrupación, se abstuvo.
Durante la exposición del informe en la SAC, la parlamentaria Nilza Chacón (Fuerza Popular), quien tuvo a su cargo la sustentación, señaló que, tras analizar los hechos y el marco jurídico vigente, correspondía declarar improcedente la acusación. Argumentó que los hechos atribuidos a la mandataria no están contemplados en el artículo 117 de la Carta Magna, que restringe los supuestos por los cuales un presidente en funciones puede ser acusado.
Chacón sostuvo además que aceptar la acusación vulneraría el principio de legalidad y desconocería los límites expresamente establecidos por la Constitución. “Forzar su aplicación en este caso desnaturalizaría su finalidad jurídica y convertiría el proceso en un acto de carácter político más que legal”, advirtió.
Del mismo modo, explicó que permitir que esta acusación prospere significaría extender de manera indebida las atribuciones del Ministerio Público y del Congreso, afectando la separación de poderes.
Sin embargo, tras la votación, varios congresistas manifestaron su rechazo a la decisión. Alex Flores, de la Bancada Socialista, calificó el resultado como una “vergüenza” y afirmó que evidencia la existencia de “un pacto de corrupción” entre la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo. “Esto demuestra que aquí hay blindaje sin justificación alguna”, declaró.
Flores añadió que, en su opinión, el caso de los relojes Rolex y otras joyas podría representar uno de los escándalos de corrupción más graves del actual gobierno, y que enviarlo al archivo confirma la complicidad entre el Congreso y el Ejecutivo.
Por su parte, Jaime Quito, también de la Bancada Socialista, coincidió en señalar que existe un “acuerdo previo” entre las bancadas mayoritarias que controlan la SAC y el Gobierno. Criticó además el cambio de criterio respecto a lo ocurrido durante la gestión de Pedro Castillo, cuando sí se procedió con una acusación constitucional bajo el argumento de respetar convenios internacionales contra la corrupción. “Aquí estamos frente a un doble estándar”, concluyó.
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