La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este lunes el informe final de la denuncia constitucional N° 351, que recomienda la inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público contra la exprimera ministra Betssy Chávez Chino.
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La decisión se tomó con 17 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, según el resultado de la votación realizado durante la sesión. Con este paso, el caso será trasladado al Pleno del Congreso, que deberá ratificar o rechazar la sanción en las próximas semanas.
Caso Betssy Chávez: Antecedentes de la denuncia
La ex jefa del Consejo de Ministros fue denunciada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, protagonizado por el entonces presidente Pedro Castillo Terrones.
El informe aprobado sostiene que Chávez habría actuado como coautora o partícipe clave en el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República. La acusación subraya que, en su condición de primera ministra, tuvo un rol decisivo en las acciones ejecutadas aquel día.
Próximos pasos en el Congreso
Aunque la Comisión Permanente ya aprobó la denuncia, la sanción de inhabilitación política de Betssy Chávez solo se hará efectiva si el Pleno del Congreso confirma la medida.
De ratificarse la sanción, Chávez quedará impedida de ocupar cualquier cargo público por un periodo de 10 años, lo que marcaría un precedente importante en los procesos de control político frente a autoridades de alto nivel.
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Contexto político y repercusiones
La votación en la Comisión Permanente ocurre en un escenario en el que el Parlamento continúa evaluando responsabilidades políticas derivadas de los hechos del 7 de diciembre de 2022. En esa jornada, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, lo que fue calificado como un quiebre constitucional y rechazado por diversas instituciones.
Tras el anuncio, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no respaldaron la medida, lo que culminó con la detención de Castillo y la sucesión constitucional que llevó a Dina Boluarte a la Presidencia.
La aprobación del informe contra Chávez refuerza la postura del Legislativo de sancionar a los exfuncionarios que, según las investigaciones, habrían contribuido en el intento de ruptura del orden democrático.
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