La Municipalidad de Comas se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un reportaje del programa Punto Final, en el que se denuncia que trabajadoras del municipio son obligadas a vestirse con trajes de anfitriona y participar como porristas en actividades públicas del alcalde Ulises Villegas.
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Investigación revela presunta coerción laboral
De acuerdo con la investigación periodística, abogadas, ingenieras, publicistas y comunicadoras sociales fueron seleccionadas de distintas áreas de la comuna para acompañar al alcalde en eventos oficiales. Según los testimonios recogidos, las trabajadoras son forzadas a bailar, animar y realizar coreografías con pompones de colores alusivos a Somos Perú, partido político con el que Villegas llegó al cargo.
Los reportes indican que estas órdenes no se transmiten de manera formal, sino mediante grupos de WhatsApp, donde funcionarios de confianza del burgomaestre coordinan la asistencia obligatoria.
Un mensaje filtrado por el dominical señala: “Buenos días, el alcalde las cita en el Centro Cívico a las 10:20 a.m. Todo Centro Cívico, todas tienen que venir”.
Testimonios y casos específicos
Entre las trabajadoras mencionadas aparece Vallery Tafur Vigo, abogada contratada en la Subgerencia de Licencia y Promoción Empresarial, quien en lugar de realizar sus funciones profesionales fue obligada a participar en estas actividades de animación.
El reportaje detalla que muchas funcionarias municipales habrían aceptado bajo presión, ya que se les advirtió que su permanencia laboral dependía de cumplir con estas órdenes.
Negativa del alcalde y responsabilidades internas
Consultado por la prensa, el alcalde Ulises Villegas negó rotundamente haber dado estas disposiciones, asegurando que su despacho no ordenó que las trabajadoras actuaran como animadoras en actividades públicas.
Sin embargo, según el informe, Yuriko Niño de Guzmán Tengan, secretaria general distrital de Somos Perú y persona de confianza del burgomaestre, sería la encargada de organizar y supervisar estas presentaciones. Ella habría prometido a las trabajadoras que sus puestos estaban asegurados mientras aceptaran participar en las actividades partidarias.
Reacciones y cuestionamientos
El caso ha generado críticas de especialistas en gestión pública y laborales, quienes advierten que este tipo de prácticas vulneran derechos fundamentales, al mezclar funciones laborales con actividades político-partidarias.
Asimismo, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han cuestionado la utilización de trabajadoras profesionales como “porristas”, lo que consideran un acto de discriminación y cosificación en el ámbito institucional.
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Posibles sanciones
La denuncia podría tener repercusiones legales y administrativas, ya que la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo podrían iniciar investigaciones para determinar si existió malversación de recursos públicos, abuso de autoridad y acoso laboral.
De comprobarse estas prácticas, el alcalde Villegas y los funcionarios involucrados enfrentarían sanciones que van desde multas administrativas hasta procesos de inhabilitación en la gestión pública.
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