César Acuña ha vuelto a colocar el discurso anticorrupción en el centro del debate político. “Los corruptos deben ir a la cárcel”, repite en entrevistas, mítines y declaraciones públicas. Sin embargo, una revisión detallada de sus propias listas electorales revela una contradicción de fondo: el 20 % de sus candidatos cuenta con sentencias firmes por diversos delitos, una situación que pone en entredicho la coherencia entre su mensaje político y la práctica interna de su organización.
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La información, revelada por el programa periodístico Cuarto Poder, muestra que al menos 53 postulantes del partido que lidera César Acuña han sido sentenciados por la justicia. No se trata de procesos en curso ni de investigaciones preliminares, sino de fallos judiciales firmes que incluyen delitos graves como corrupción de funcionarios, homicidio culposo, lesiones graves y omisión a la asistencia familiar.
Durante los últimos meses, César Acuña ha insistido en la necesidad de una política de “mano dura” contra la corrupción. Su narrativa es clara: cárcel para los corruptos, tolerancia cero frente a las malas prácticas y un Estado más firme frente al delito. Este discurso ha sido presentado como uno de los pilares de su propuesta política.
No obstante, la composición de sus listas electorales genera serias dudas sobre la aplicación real de esos principios. El contraste entre el mensaje público y la realidad interna del partido abre un debate inevitable sobre los criterios de selección de candidatos y la responsabilidad política de quienes lideran las organizaciones.
53 candidatos sentenciados en las listas electorales
Según el informe periodístico, son 53 los candidatos sentenciados que figuran en la oferta electoral del partido de César Acuña. Esta cifra representa aproximadamente el 20 % del total de postulantes, un porcentaje significativo en cualquier análisis político.
La distribución de estos candidatos es la siguiente: 32 postulan a la Cámara de Diputados, uno al Parlamento Andino y 20 al Senado. La presencia de sentencias firmes en aspirantes a cargos legislativos nacionales refuerza la preocupación sobre los filtros internos y los estándares éticos exigidos por la agrupación.
¿Qué tipo de delitos registran los postulantes?
Las sentencias que pesan sobre estos candidatos no son homogéneas ni menores. Entre las imputaciones figuran delitos como corrupción de funcionarios, homicidio culposo, lesiones graves y omisión a la asistencia familiar, entre otros. Se trata de faltas que, en muchos casos, afectan directamente la confianza pública y la credibilidad institucional.
La gravedad de estas condenas resulta particularmente sensible si se considera que varios de los postulantes buscan integrar espacios clave del Poder Legislativo, desde donde se elaboran y fiscalizan las leyes del país.
Sentencias firmes, no simples investigaciones
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que no se trata de denuncias sin resolver ni de procesos judiciales en trámite. Las 53 personas identificadas cuentan con sentencias firmes, es decir, resoluciones judiciales definitivas que acreditan responsabilidad penal.
Este detalle es crucial para el análisis político, ya que desmonta el argumento habitual de la presunción de inocencia aplicada a investigaciones en curso. En este escenario, la justicia ya se ha pronunciado.
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