El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, anunció este lunes la nulidad del contrato con la empresa LC&EC Constructora Consultora y Servicios, de la familia Coca Condori, responsable de la obra “Mejoramiento y ampliación de la carretera Huanchaco – Trujillo”, valorizada en S/121 millones. La decisión implica la paralización de los trabajos por un periodo de 90 días, mientras se convoca a una nueva licitación.
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Motivos de la nulidad del contrato
La medida se sustenta en presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación. En el documento oficial emitido por el Gobierno Regional de La Libertad se señala que la empresa habría “transgredido el principio de presunción de veracidad”.
Diversos reportajes periodísticos revelaron incongruencias en la documentación presentada por LC&EC y denunciaron posibles actos de corrupción. La constructora está representada por Lucero Coca, una joven de 23 años sin experiencia previa en contrataciones públicas ni antecedentes en licitaciones con el Estado.
Un contrato aún en pie: Hospital de Virú
Aunque la nulidad afecta directamente a la obra vial Huanchaco – Trujillo, aún se mantiene vigente el contrato que la misma empresa ganó para la construcción del hospital de Virú, una obra valorizada en S/194 millones, lo que mantiene bajo la lupa el rol de las autoridades regionales en la supervisión de estas adjudicaciones.
Licitaciones en otros gobiernos regionales
El caso de la familia Coca Condori no se limita a La Libertad. Según un reportaje de Panorama, la empresa LC&EC, constituida en agosto de 2023, también obtuvo contratos en los gobiernos regionales de Junín y Loreto.
Para lograrlo, la firma incrementó rápidamente su “capacidad de contratación con el Estado” ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Sin embargo, en el proceso surgieron serias observaciones.
Cómo acreditaron experiencia ante el OSCE
La investigación periodística reveló que Tatiana Coca, hermana de Lucero, pagó S/18.000 a la empresa de su propia familia para la construcción de un cerco perimétrico en su vivienda, con el fin de acreditar experiencia. Pese a que la obra fue presentada con la conformidad de su padre —quien fue registrado agrediendo a periodistas—, esta no pudo ser validada ante el OSCE.
Ante ello, la empresa trasladó sus operaciones a Chiclayo, donde construyó el segundo piso de una vivienda. Esa obra permitió finalmente acreditar la capacidad de contratación necesaria para participar en licitaciones regionales, incluida la de La Libertad.
Repercusiones políticas y sociales
La decisión de César Acuña de anular el contrato genera expectativa en la región, dado que la obra vial Huanchaco – Trujillo es considerada clave para la conectividad y el turismo. Sin embargo, el hecho de que el contrato del hospital de Virú permanezca vigente mantiene abierta la discusión sobre la transparencia en los procesos de contratación pública.
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El caso refleja la urgencia de reforzar los mecanismos de control en el OSCE y en los gobiernos regionales para evitar que empresas sin experiencia obtengan proyectos millonarios que comprometen recursos públicos.
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