La presidenta Dina Boluarte no solo será investigada por su colección de relojes Rolex y por no presentar sus declaraciones juradas sobre sus objetos de lujo, sino también por la pulsera Cartier que supera los 50 mil dólares y por los depósitos de origen desconocido a sus cuentas bancarias.
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Esta tarde el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, acudió al llamado de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la Republica, para responder sobre la investigación preliminar que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito al descubrirle una colección de relojes Rolex que superan los 20 mil dólares.
Villena informó que el Ministerio Público amplió el marco fáctico de la imputación contra la presidenta Dina Boluarte por sus declaraciones juradas de más de 432 mil soles en un plazo de 2 años y por la pulsera Cartier de 56 mil dólares, este último fue una nueva revelación sobre la numerosa colección de artículos de gran valor que posee la presidenta.
«Se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen con respecto de sus declaraciones juradas donde aparece un incremento de más de 432 mil soles que habría sido en un plazo de dos años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier, se indica una fuente abierta, de 56 mil dólares, además, según esta misma fuente, que las joyas que habría usado este tiempo en la ceremonias superarían los 500 mil dólares», informó ante la comisión de Fiscalización.
Villena aclaró que también se investigará los depósitos en las cuentas mancomunadas de la presidenta pero del periodo que le corresponde a su cargo como titular del Ministerio de Inclusión y Poblaciones Vulnerables.
El Fiscal de la Nación indicó que la mandataria ya es consciente de la ampliación de la investigación preliminar y esa fue la razón por la que rechazó el pedido de Boluarte para adelantar su declaración sobre el caso. Es la misma presidenta que solicitó este adelanto en la misma fecha y hora de la citación de la comisión de Fiscalización del Congreso.