Los ataques contra el sector transporte no se detienen en Lima. Un bus de la empresa Negociaciones Santa Anita fue blanco de un violento atentado armado en el anexo 22 de Jicamarca, en el distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí. Dos sujetos, presuntamente vinculados a extorsiones, dispararon contra la unidad mientras se encontraba en plena ruta y con pasajeros a bordo.
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De acuerdo con versiones recogidas, el vehículo fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Los atacantes efectuaron al menos tres disparos directamente contra el conductor, pese a que el ómnibus estaba lleno de usuarios. Uno de los proyectiles alcanzó el hombro del chofer, identificado como Jorge Cabrera Fernández, de 41 años.
A pesar de estar herido, el conductor continuó manejando durante varias cuadras, ya que los delincuentes lo persiguieron por aproximadamente cinco cuadras, generando pánico entre los pasajeros que se encontraban en la unidad.
Tras el ataque, el transportista fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde recibió atención médica durante la madrugada. Sus compañeros confirmaron que su estado de salud es estable y que ya fue dado de alta, al encontrarse fuera de peligro.
Durante el violento episodio, los pasajeros vivieron momentos de extrema angustia. RPP tuvo acceso a un audio grabado dentro del bus, en el que se escucha a varias personas, principalmente mujeres, pedir desesperadamente que se alerte a la Policía, mientras la motocicleta continuaba siguiéndolos.
Según información de la Policía Nacional, en el bus viajaban alrededor de treinta personas al momento del ataque.
Por su parte, un dirigente de la empresa Negociaciones Santa Anita reveló que actualmente se ven obligados a pagar cupos a dos bandas criminales, por lo que no descartan que el atentado haya sido producto de una confusión con otra empresa de transporte o la irrupción de una tercera organización delictiva.
El representante indicó que la empresa cuenta con cerca de 130 buses y que cada conductor debe entregar diariamente S/ 12, distribuidos en S/ 7 para una banda y S/ 5 para otra, una situación que, según afirmó, refleja la falta de acción efectiva de las autoridades frente a la creciente ola de extorsiones en el país.
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