La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, busca recuperar su libertad mediante un recurso de habeas corpus que será evaluado por el Tribunal Constitucional (TC) este jueves 24 de julio. La defensa legal de la exjefa del Gabinete Ministerial solicita la nulidad absoluta de la prisión preventiva dictada en su contra por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, argumentando una detención arbitraria que vulnera derechos fundamentales.
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Según el recurso de agravio constitucional presentado, el plazo de 18 meses de prisión preventiva venció el 19 de diciembre de 2024, sin que se resolviera su continuidad de manera oportuna. La audiencia para prolongar la medida recién se realizó el 26 de diciembre, es decir, posterior al vencimiento del plazo, lo que, de acuerdo con los abogados de Chávez, constituye una grave violación al debido proceso.
“Corresponde disponer su inmediata libertad, ya que los errores y el actuar negligente del Estado no deben ser consentidos ni tolerados por la afectada. Se trata de derechos fundamentales que deben ser restituidos en toda su dimensión”, se lee en el documento legal.
Tribunal reconoce indefinición jurídica, pero mantiene detención
La defensa también sostiene que incluso una sala judicial reconoció que Chávez permaneció en una situación de «indefinición jurídica» desde el 19 de diciembre de 2024 a las 23:59 horas, pero no se ordenó su liberación. En su lugar, el tribunal llamó la atención al Ministerio Público por la dilación, sin consecuencias inmediatas para la situación legal de la expremier.
“¿Por qué no se expresa claramente que, durante este lapso, Betssy Chávez se encuentra detenida de manera arbitraria?”, cuestionan sus abogados en el recurso.
TC decidirá el futuro legal de Betssy Chávez
Los magistrados del Tribunal Constitucional evaluarán públicamente el recurso este jueves 24 de julio desde las 9:15 a.m.. Tras la audiencia, emitirán un fallo que podría determinar la anulación de la prisión preventiva contra Chávez, en el marco del proceso judicial por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.
La decisión del TC marcará un precedente clave en el respeto al debido proceso y al control de legalidad en medidas de prisión preventiva en el Perú.
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