El Gobierno aprobó el uso de pistolas eléctricas por parte de los cuerpos de serenazgo municipal, en respuesta a solicitudes de autoridades locales que buscan fortalecer la seguridad ciudadana. La medida establece que los municipios interesados deberán cumplir con requisitos legales, entre ellos solicitar capacitación especializada a la Policía antes de implementar este tipo de equipamiento.
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Según el exdirector general de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, la autorización se limita a dispositivos de electroshock con un alcance aproximado de entre 10 y 15 metros. Asimismo, precisó que, aunque se les denomina “no letales”, estos equipos pueden representar riesgos en personas con condiciones de salud preexistentes, como problemas cardíacos.
La normativa también exige que el uso de estas armas esté acompañado de entrenamiento obligatorio impartido por personal policial capacitado, con el fin de garantizar un manejo adecuado por parte de los agentes municipales.
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En cuanto a los costos, cada unidad tiene un valor estimado entre 800 y 1.000 dólares, lo que podría restringir su adquisición a un número reducido de municipios debido a limitaciones presupuestarias. En ese contexto, se considera poco probable una implementación a nivel nacional, dado el número de gobiernos locales existentes en el país.
El escenario fiscal actual también plantea desafíos adicionales, ya que los recursos destinados a la lucha contra la criminalidad son limitados, lo que podría afectar la sostenibilidad de esta medida en el tiempo.
Respecto a su aplicación, autoridades municipales han indicado que el equipamiento incluye tanto la pistola eléctrica como cámaras corporales que se activan automáticamente durante su uso. Estas herramientas se suman a otros implementos ya utilizados por el serenazgo, como gas pimienta, bastones y grilletes, y su función principal será inmovilizar a personas intervenidas hasta la llegada de la Policía, única entidad facultada para efectuar detenciones formales.
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