El presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso, aclaró que el posible aumento de sueldo para la presidenta Dina Boluarte aún está en fase de evaluación técnica y legal, por lo que la información al respecto se considera confidencial, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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En una entrevista con Canal N, Valdivieso explicó que mientras no se apruebe un decreto supremo por parte del Consejo de Ministros, la propuesta permanece en la etapa deliberativa del gobierno, lo que impide que se hagan públicos los informes y recomendaciones que forman parte del análisis.
“La ley establece claramente que los informes, recomendaciones y opiniones previas a una decisión de gobierno están dentro de la categoría de confidencialidad”, afirmó el titular de Servir.
¿Cuándo se conocerá el nuevo sueldo presidencial, si se aprueba?
Valdivieso precisó que una vez que el Consejo de Ministros apruebe oficialmente un aumento salarial para la presidenta, el contenido del decreto supremo y todos los documentos de respaldo serán publicados en el diario oficial El Peruano y en los portales de transparencia del Estado.
“Una vez aprobada la decisión, toda la información vinculada al proceso —incluidos antecedentes e informes técnicos— será de acceso público”, señaló.
Valdivieso también indicó que Servir ya culminó su trabajo técnico, limitándose a aprobar el cuadro de puestos de la Presidencia de la República, el cual define la estructura del cargo más no su remuneración. El cálculo del monto exacto del sueldo presidencial corresponde únicamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“El MEF tiene la competencia exclusiva de proponer el valor compensatorio para el puesto de presidente. Este proceso debe ser validado posteriormente por el Consejo de Ministros”, explicó.
¿Podría haber aumento de sueldos para otros funcionarios del Ejecutivo?
Al ser consultado sobre si un eventual aumento al salario presidencial implicaría reajustes para ministros, viceministros u otros altos cargos del Ejecutivo, Valdivieso fue claro: cada modificación debe ser evaluada por separado, con sustento técnico y aprobado mediante decreto supremo.
“Todas las compensaciones de los titulares de entidades públicas se aprueban por decreto supremo. Si hay ajustes, deberán pasar por el mismo proceso legal y técnico”, puntualizó.
Finalmente, Valdivieso rechazó que se esté ocultando información sobre el tema, asegurando que todo se desarrolla conforme a los procedimientos establecidos por ley desde hace más de dos décadas.
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