El expresidente Alejandro Toledo (2001–2006) volvió a estar en el centro de la atención tras solicitar a la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional su traslado a una clínica, alegando un delicado estado de salud. El exmandatario cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.
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Durante la última audiencia, vinculada al pedido para anular dicha condena, Toledo tomó la palabra con voz entrecortada y expuso que sus problemas médicos se han agravado en las últimas semanas.
“Tengo 190 grados de presión arterial, padezco cáncer y he iniciado un proceso de sangrado. Sufro además de ansiedad y tomo 16 medicinas diarias”, declaró el exjefe de Estado ante el tribunal.
Toledo señaló que estos males ya habían sido diagnosticados en Estados Unidos y recordó que el Tribunal Constitucional habría ordenado en el pasado su atención en la clínica San Pablo, donde consta su historial cardíaco, oncológico y psiquiátrico.
El exmandatario reiteró también su inocencia en el caso Odebrecht y adelantó que presentará “evidencias contundentes” para demostrar que nunca participó en los sobornos gestionados a través de su amigo Josef Maiman.
INPE asegura que Toledo está estable
Tras la audiencia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que aseguró que Toledo, de 78 años y recluido en el penal de Barbadillo, mantiene un estado clínico estable.
La entidad precisó que el exgobernante recibe su tratamiento habitual bajo supervisión médica, con monitoreo de enfermería las 24 horas, y que sus enfermedades crónicas se encuentran controladas.
Un proceso judicial en desarrollo
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional deberá pronunciarse sobre el pedido de traslado y decidir si ratifica la condena dictada en octubre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Dicho fallo estableció que Toledo se coludió con Odebrecht para favorecer a la constructora en la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) a cambio de 35 millones de dólares en sobornos.
Mientras la defensa insiste en el traslado a una clínica por la gravedad de su salud, el INPE sostiene que no existen razones médicas para adoptar medidas extraordinarias.
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