En un hecho lamentable que ha conmocionado a la provincia liberteña de Pataz, el alcalde provincial, Aldo Carlos Mariño, ha denunciado la falta de respuesta por parte del Gobierno ante el reciente ataque en la minera Poderosa, donde 10 trabajadores fueron secuestrados y posteriormente asesinados en un acto perpetrado por grupos ilegales vinculados a la minería ilegal. A pesar de la gravedad de la situación, el alcalde señala que hasta la fecha ningún representante del Poder Ejecutivo se ha reunido con su gestión para abordar la creciente problemática de criminalidad en la región.

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Ausencia de acción gubernamental

El alcalde Mariño, visiblemente preocupado por la falta de respuesta, manifestó su intención de convocar a todas las autoridades locales, incluyendo alcaldes y rondas campesinas, para tomar medidas inmediatas ante la aparente inercia del Gobierno central y del Ministerio de Interior. Esta inacción contrasta con la reciente prórroga del estado de emergencia en Pataz, según el Decreto Supremo Nº 125-2023-PCM, emitido el 16 de noviembre de 2023, debido al aumento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana en la zona.

Ineficacia del estado de Emergencia

El alcalde Mariño destacó que la medida de estado de emergencia no está siendo efectiva, ya que las comisarías locales carecen de los recursos necesarios para enfrentar los actos delictivos. Enfatizó que la falta de inversión y decisiones económicas acompañando estos decretos de urgencia está teniendo consecuencias trágicas, como la reciente masacre en la minera Poderosa. Exigió la presencia de la presidenta de la República en el distrito de Pataz para abordar de manera directa esta situación crítica.

Desafíos de la policía en Pataz

Una de las razones detrás de la creciente criminalidad en Pataz es la limitada presencia policial en la provincia. Con solo cuatro comisarías para atender a más de 14 mil habitantes distribuidos en 13 distritos, la policía se enfrenta a enormes desafíos logísticos y de personal. El alcalde señaló que, por cada dependencia policial, hay entre cuatro y ocho efectivos, una proporción que dificulta la implementación de estrategias eficientes para combatir la presencia de bandas criminales que migran desde diversas regiones y otros países, incluyendo Lima, el Callao, e incluso Venezuela.

Carencias logísticas y financieras

Adicionalmente, Mariño reveló que los efectivos policiales en Pataz carecen de recursos básicos, como una camioneta para realizar traslados y otros vehículos de transporte para llevar a cabo sus diligencias. A pesar de haber presentado un proyecto de seguridad ciudadana por aproximadamente 7 millones de soles, que incluye equipamiento necesario, no ha recibido respuesta del Gobierno central. Esta falta de apoyo logístico y financiero impacta directamente en la capacidad de la policía para enfrentar eficazmente la creciente ola de violencia en la región.

Desmentido de reuniones con autoridades

Mariño desmintió las afirmaciones del nuevo jefe policial de La Libertad, Francisco Vargas Andonaire, sobre supuestas reuniones con su gestión posterior al ataque en la minera Poderosa. Afirmó que, hasta ahora, no ha recibido ninguna comunicación por parte del coronel PNP y destacó la necesidad de una respuesta inmediata ante la grave situación que vive la provincia de Pataz.

Historial de violencia en minera Poderosa

En un comunicado publicado en julio por la minera Poderosa, se alertó sobre los crecientes actos violentos perpetrados por grupos ilegales vinculados a la minería ilegal en la zona. En los últimos cinco años, se han registrado robos, extorsiones, homicidios, procesamientos ilícitos y tráfico de oro, así como la voladura de torres de alta tensión. La empresa reveló que siete de sus colaboradores habían sido asesinados antes del reciente ataque, y ahora la cifra se ha elevado a 10 tras el trágico suceso del 2 de diciembre.

Creciente número de víctimas

En un comunicado emitido este domingo, la minera Poderosa confirmó que el número de trabajadores fallecidos como resultado del ataque ha subido a 10. La empresa atribuye el acto a grupos ilegales vinculados a la minería ilegal, presuntamente coludidos con bandas criminales, que estarían generando un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona.