El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al presidente de la República, José Jerí, poner en marcha la ordenanza metropolitana aprobada en 2023 que restringe las marchas y concentraciones masivas en el centro histórico de Lima, con el fin de proteger esta zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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Durante una intervención pública, el burgomaestre aclaró que su propuesta no busca cerrar el acceso al centro, sino hacer cumplir una norma vigente que busca preservar el valor histórico, arquitectónico y turístico de esta área emblemática de la capital.
“No se trata de cerrar el centro, sino de protegerlo”
Reggiardo explicó que el pedido al Ejecutivo se basa en una ordenanza metropolitana aprobada por la Municipalidad de Lima en 2023, la cual declara intangible el centro histórico para eventos y manifestaciones masivas que puedan poner en riesgo su conservación.
“He venido planteando al presidente que aplique los alcances de la ordenanza que establece la intangibilidad en el centro histórico”, declaró el alcalde. “El objetivo no es bloquear el acceso, sino impedir que se convierta en escenario de marchas o concentraciones que afecten su valor cultural y patrimonial”, añadió.
El titular del municipio capitalino sostuvo que las manifestaciones pueden trasladarse a otros espacios fuera del perímetro histórico, donde puedan realizarse sin generar daños ni perjuicios a la infraestructura y al comercio local.
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Comerciantes del centro rechazan posible restricción
La propuesta no fue bien recibida por los comerciantes y trabajadores del centro de Lima, quienes manifestaron su preocupación ante una posible reducción del flujo de personas y clientes si se restringen las marchas o concentraciones.
En declaraciones a Canal N, un trabajador de restaurante afirmó que la medida “nos afecta el negocio”, pues los ingresos diarios dependen del tránsito constante de ciudadanos en la zona.
Otro comerciante expresó: “No es lo adecuado, porque hay personas que viven del trabajo. Tenemos hijos que solventar”, en referencia a los impactos económicos que traería la aplicación de la ordenanza.
Asimismo, un zapatero señaló que “no nos conviene” la posible restricción, advirtiendo que disminuiría las ventas sin garantizar necesariamente una mejora en la seguridad o la protección del patrimonio.
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