En el Perú, 7 de cada 10 trabajadores se encuentran en situación de informalidad, una cifra alarmante que revela no solo una profunda fragilidad estructural, sino también un fuerte impacto negativo en la productividad nacional.
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Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), un trabajador formal puede llegar a producir hasta seis veces más que uno informal. En sectores de alta competitividad, como la minería, esta diferencia puede ser incluso mayor: hasta 16 veces más.
La economista Paola Herrera, del IPE, explicó en declaraciones para Vigilante.pe que la brecha de productividad entre el empleo formal e informal va mucho más allá del acceso a tecnología o financiamiento. «Las empresas informales, predominantemente micro y pequeñas, operan en condiciones precarias. No solo enfrentan limitaciones de inversión, sino que también carecen de un entorno laboral que fomente el desarrollo profesional de sus trabajadores», precisó.
Informalidad empresarial: más que una decisión, una imposición del sistema
Para Herrera, la diferencia entre una empresa formal y una empresa informal no radica únicamente en la legalidad de su operación. Las formales apuestan por la capacitación, brindan acceso a seguridad social y tienen condiciones más propicias para crecer. En cambio, la informalidad se convierte en un círculo vicioso: baja inversión, baja productividad y escaso crecimiento.
La Encuesta Nacional de Empresas respalda esta realidad: el 90,6 % de las MYPES señala que la excesiva carga tributaria y la fiscalización abusiva son obstáculos que dificultan su formalización. Además, los elevados costos de formalización son una barrera adicional. Herrera detalla que en el Perú pasar de una microempresa a una empresa mediana implica enfrentar saltos tributarios desproporcionados. «Desde repartir utilidades al superar los 10 trabajadores, hasta lidiar con normativas laborales rígidas y sobrecostos que dificultan ajustes en la plantilla», comentó.
Este conjunto de trabas conforma lo que la especialista denomina el «triángulo de la informalidad»: tributación excesiva, fiscalización desproporcionada y altos costos de formalización, un sistema que, lejos de promover el crecimiento, fomenta el enanismo empresarial. Es decir, empresas que optan por mantenerse pequeñas o recurrir a la subcontratación para evitar sobrecostos operativos.
Costos ocultos de la informalidad laboral en el Perú
Los efectos visibles de la informalidad laboral en Perú son ampliamente conocidos: falta de acceso a salud, pensiones y financiamiento formal. Sin embargo, existen costos económicos ocultos que impactan directamente sobre la estabilidad social y económica del país. «La informalidad no solo reduce la productividad; también debilita la estabilidad de las familias peruanas. Cuando las microempresas no logran sostenerse más allá de dos años, sus trabajadores quedan altamente expuestos a cualquier crisis o shock económico», advirtió Herrera.
Este panorama subraya la necesidad urgente de repensar el enfoque del Estado hacia la formalización. De acuerdo con la economista, la solución no está únicamente en la fiscalización o el castigo. «Necesitamos incentivos correctos y un sistema tributario más justo y progresivo. Las escalas actuales son abruptas, poco amigables con la realidad de las MYPES», señaló.
Reformas necesarias para incentivar la formalización en el Perú
Entre las propuestas para revertir la informalidad, Herrera destaca dos ejes fundamentales:
- Escalas tributarias progresivas que permitan una transición ordenada desde la microempresa hacia la mediana empresa sin que esto implique una carga desproporcionada.
- Enfoque de acompañamiento estatal, especialmente desde instituciones como SUNAFIL, que debería pasar de un rol exclusivamente sancionador a uno que también brinde orientación y asistencia técnica.
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