La defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, representada por el abogado Joseph Campos, ha solicitado el archivo de la investigación relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas sociales que tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y enero del 2023. En una entrevista exclusiva para el programa «Nunca es Tarde» de RPP, Campos expuso los fundamentos de la petición, cuestionando la validez de la carpeta fiscal y destacando las presuntas deficiencias en la estructura de la investigación.

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Abogado de presidenta pide archivo de investigación: Defensa plantea controversias en Proceso Judicial

En una reciente declaración, Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, se manifestó en relación con la demanda de amparo que busca archivar la denuncia constitucional por las muertes registradas durante las protestas sociales. Campos enfatizó la necesidad de revisar detenidamente el proceso judicial y abordó aspectos clave que, según la defensa, justifican la solicitud de archivo.

Fundamentos de la Defensa: Nulidad de carpeta fiscal y dudas sobre responsabilidad jurídica y política

Durante la entrevista en RPP, Campos señaló que, además de buscar el archivo de la investigación, la defensa ha solicitado la nulidad de la carpeta fiscal que contiene los detalles relacionados con las cinco muertes y una grave lesión ocurridas en las manifestaciones. El abogado argumenta que existe un imaginario que posiciona a la presidenta como potencial victimaria, un estigma que, según él, no está respaldado por pruebas suficientes.

Campos sostiene que durante la investigación, la colaboración fue constante, las respuestas fueron proporcionadas y las declaraciones más relevantes emergieron. Sin embargo, considera que la estructura del proceso inició con falencias, lo que justifica la solicitud de archivo en múltiples ocasiones.

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Responsabilidad Jurídica y Política:

En el análisis de la situación, Campos plantea la necesidad de establecer, caso por caso, si el uso del arma por parte de la policía o el militar fue correcto. Asegura que la responsabilidad jurídica, según la investigación del Ministerio Público, carece de sentido en el presente momento y aboga por un enfoque integral que considere tanto la responsabilidad jurídica como política.

«La narrativa actual se ha centrado únicamente en las víctimas, invisibilizando otras variables importantes, como la violencia provocada no por el Estado. Esto generó un deber por parte del Ejecutivo de controlar el orden público, y en esa activación es necesario establecer responsabilidades por el contexto de violencia, que no puede ser calificado simplemente como protesta», concluyó Campos.