El presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, Arnulfo Adrianzen Juárez, lleva más de diez días en huelga de hambre: lo que pretende con su acción es que el gobernador de Piura, Servando García, retire de sus cargos a los funcionarios del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.
A esta medida de lucha se sumarán el lunes y martes los nueve presidentes de las Juntas de Usuarios del Alto Piura restantes. De continuar el silencio del gobernador, los agricultores anuncian un paro regional. Así informó el asesor de la Junta de Usuarios del Valle del Alto Piura, Segundo Tafur Sullon.
“La vida del señor Adrianzen está en peligro, son diez días de huelga de hambre y lo va suplantar la presidenta de la Comisión de Junta de Usuarios el Ingenio Buenos Aires. El paro está en evaluación estamos buscando el apoyo de las comisiones de Piura, todo dependerá de qué responde el gobernador, que pese a que es médico, hasta ahora no ha hecho caso al reclamo de la población y de aquellos exponen su vida. Pedimos a la autoridad cumplir con el acuerdo del Consejo en retirar a estos funcionarios que nada han hecho”, expresó.
Los agricultores exigen la inmediata destitución del gerente general del Peihap, Manuel Vega Palacios, y de los funcionarios de confianza los mismos que vienen laborando en el proyecto sin asegurar la reserva hídrica para los más de 20 mil agricultores; además, no existe la resolución de impacto ambiental que permita avanzar con la obra.
Acuerdo regional
El consejero por la provincia de Morropón, Víctor Chiroque, explicó que en el acuerdo del Consejo Regional revela las presuntas irregularidades, omisión de funciones y negligencias, entre ellas, es que no hay reserva hídrica.
Asimismo, se designó al funcionario Richard Tapia como responsable de Abastecimiento pese a estar inhabilitado por el Poder Judicial, e incluso fue miembro titular de una comisión del Peihap.
Chiroque indicó que también existen unos préstamos que el Peihap ha hecho a la sede central del GORE sin razón justificable y convincente, valorizado en 5 millones y 6 millones de soles. “Citamos a los involucrados pero no supieron justificar las denuncias”.
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