La amenaza de una eventual suspensión del suministro de agua se cierne sobre más de un millón de piuranos debido a una deuda histórica superior a los S/177 millones, indicó el gerente general de la EPS Grau, Manuel Irigoyen.
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Frente a este panorama, la EPS Grau exhorta al entendimiento entre las partes involucradas, advirtiendo que acciones como embargos podrían afectar directamente la continuidad del servicio.
La EPS Grau atraviesa una crítica situación económica como consecuencia de un pasivo acumulado durante años, el cual ha limitado tanto su operatividad como la ejecución de mejoras técnicas y comerciales. En un intento por evitar el colapso del servicio, la empresa ha sido incorporada a un proceso de reestructuración concursal, con la asistencia técnica del OTASS, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. Esta medida busca garantizar el abastecimiento sostenible de agua potable y alcantarillado.
Durante los últimos meses, se han reforzado acciones destinadas a reducir la morosidad y a mejorar la eficiencia de las redes. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos continúa siendo el elevado índice de agua no facturada, que bordea el 50% del volumen distribuido, generado por fugas, deterioro de la infraestructura y conexiones clandestinas.
En paralelo, la entidad mantiene un esquema de pagos progresivo, condicionado a su capacidad operativa, mientras advierte que medidas judiciales como embargos podrían poner en jaque la continuidad del servicio. Por ello, hace un llamado urgente a apostar por el diálogo como vía para proteger un recurso esencial para la región.
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