La Universidad Nacional de Piura (UNP) se encuentra en el centro de la atención tras las recientes amenazas de extorsión dirigidas a su rector electo, José Ordinola Boyer. Estas acciones, atribuidas a una presunta banda criminal, han generado preocupación en la comunidad académica y en la sociedad piurana.

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¿Qué está pasando con el rector de la UNP?

José Ordinola Boyer, recientemente elegido como rector de la UNP, denunció ser víctima de amenazas de muerte y extorsión. Según el académico, los hechos comenzaron poco después de su victoria en las elecciones universitarias. Los presuntos responsables, quienes se identifican como parte de una organización llamada “Los Malditos del Norte”, exigen el pago de S/ 20 mil para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

El rector formalizó su denuncia en la División de Investigación Criminal (Divincri), acompañado de personal de seguridad privada. “Recibí mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, incluso videos donde se dispara un arma de fuego. Me aseguran que me vigilan y tienen fotos mías”, relató Ordinola, visiblemente preocupado por su seguridad y la de su familia.

Una segunda extorsión 

Días después de la primera amenaza, el rector de la UNP recibió una nueva exigencia de S/ 10 mil, acompañada de mensajes más violentos. Los extorsionadores mencionaron el uso de una granada y amenazaron con atacar a sus hermanos, afirmando pertenecer a una organización criminal internacional. “Es alarmante. No solo temo por mí, sino por mi familia”, expresó el catedrático.

Ordinola no descarta que estas acciones estén relacionadas con su reciente elección como rector. “Es sospechoso que las amenazas comenzaron tras las elecciones. Podría haber un vínculo con la gestión anterior de la UNP”, señaló, aunque evitó especular sin pruebas concretas.

¿Qué medidas se están tomando frente a las amenazas?

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación para identificar a los responsables. La denuncia presentada por el rector electo incluye los mensajes y videos recibidos, que servirán como evidencia en el proceso. Las autoridades están trabajando para determinar si las amenazas provienen de una banda criminal local o de un grupo con conexiones más amplias.