La situación de los policías en la región Piura vuelve a estar en el centro del debate público. En medio de una creciente ola delictiva y tras la declaratoria del estado de emergencia por 60 días en diversas localidades, la Contraloría General de la República evidenció graves deficiencias en las condiciones laborales de los agentes del orden, poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también la seguridad de miles de ciudadanos.
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Estado de emergencia y supervisión en Piura
Ante el incremento de delitos como robos, sicariatos y extorsiones, el Gobierno declaró el estado de emergencia en varias zonas de Piura. Esta medida busca reforzar la seguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a la población. En ese contexto, la Contraloría desplegó un operativo multisectorial para supervisar el correcto uso de los recursos públicos, especialmente en el ámbito de la seguridad ciudadana.
El contralor general, César Aguilar, arribó a la región acompañado de más de 30 especialistas provenientes de Lima, quienes durante dos días realizaron intervenciones intensivas. A ellos se sumaron auditores de la Gerencia Regional de Control de Piura, con el objetivo de evaluar sectores clave como educación, salud, vivienda, programas sociales y, principalmente, el desempeño de la Policía.
Comisarías con recursos insuficientes
El caso de la comisaría de El Obrero, en Sullana
Uno de los primeros puntos visitados fue la comisaría de El Obrero, en la provincia de Sullana, considerada una de las zonas con mayor incidencia delictiva de la región. Pese a atender a más de 80 mil ciudadanos, esta dependencia policial cuenta únicamente con tres patrulleros y tres motocicletas operativas.
Durante la inspección, se constató que los policías trabajan en condiciones precarias: chalecos antibalas adquiridos en 1994, mobiliario deteriorado y camarotes en mal estado. Estas carencias resultan alarmantes si se considera que los agentes enfrentan diariamente a organizaciones criminales cada vez más armadas y violentas.
Deficiencias similares en la comisaría de El Indio
La situación no es distinta en la comisaría de El Indio, ubicada en el distrito de Castilla. Allí, decenas de vehículos incautados ocupan gran parte del espacio disponible, dificultando las labores operativas. Además, los propios policías deben asumir el costo de la limpieza de las instalaciones, una responsabilidad que no debería recaer en ellos.
Otro aspecto preocupante es la antigüedad del armamento, que supera los 10 años de uso. Esta disparidad tecnológica frente a la delincuencia organizada genera un escenario desigual y peligroso. “Es preocupante cómo los agentes del orden exponen su vida por nosotros”, señaló el contralor Aguilar tras las visitas.
Operativo multisectorial de la Contraloría
Piura forma parte de una intervención simultánea que la Contraloría viene realizando en distintas regiones del país, como Tacna, Puno y zonas de la Amazonía. Según Aguilar, estos operativos permiten conocer de primera mano la realidad del interior del país y las verdaderas necesidades de la población.
En total, se realizarán más de 40 visitas a obras y servicios públicos en todas las provincias de la región. La supervisión abarca no solo seguridad ciudadana, sino también hospitales, colegios e infraestructura vial. El objetivo es garantizar que los servicios básicos se brinden con calidad y que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente.
El titular de la Contraloría fue enfático al señalar que, de encontrarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes. Asimismo, anunció que los resultados de este operativo se darán a conocer en las próximas semanas mediante informes oficiales que serán remitidos a las autoridades competentes para la adopción de medidas correctivas.
Obras paralizadas y control preventivo
Otro de los ejes abordados durante la visita fue el destrabe de obras públicas paralizadas. A nivel nacional, la Contraloría se ha fijado como meta reactivar inversiones por más de 112 millones de soles mediante una nueva modalidad de control preventivo proyectada para el 2026.
En Piura, existen actualmente 87 obras paralizadas, con la participación de 34 entidades entre el gobierno central, regional, provincial y distrital. Aguilar explicó que una de las principales causas de estas paralizaciones es la deficiente planificación, especialmente en la elaboración de los expedientes técnicos.
Durante las inspecciones, se identificaron fallas técnicas recurrentes en establecimientos de salud, como mal almacenamiento de materiales, filtraciones, agua empozada y oxidación de componentes estructurales, incluso en aisladores sísmicos. Estas deficiencias ponen en riesgo la inversión pública y la funcionalidad de la infraestructura.
Seguridad ciudadana y elecciones 2026
Finalmente, el contralor general advirtió sobre la falta de presupuesto de cara a las elecciones generales del 2026. En ese sentido, anunció que se buscarán estrategias para optimizar los recursos disponibles y garantizar una adecuada fiscalización del uso de bienes y fondos del Estado durante el proceso electoral.
“Hago un llamado a los funcionarios para que sean conscientes de la importancia de permitir que la Contraloría fiscalice las elecciones”, remarcó Aguilar. Mientras tanto, la realidad de los policías en Piura evidencia una problemática urgente: sin equipamiento adecuado ni condiciones dignas, la lucha contra la delincuencia se vuelve una tarea de alto riesgo, tanto para los agentes del orden como para la ciudadanía que buscan proteger.
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