El próximo 12 de junio, a las 4:00 p. m., cientos de ciudadanos participarán en la denominada “Gran Marcha por la Paz y la Seguridad en Piura”, movilización impulsada con el objetivo de expresar el rechazo frente a la violencia, la criminalidad y la creciente inseguridad que afecta a las familias, trabajadores, emprendedores, empresarios y al desarrollo regional.
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La convocatoria fue anunciada por la Cámara de Comercio y Producción de Piura tras una reunión entre representantes de los sectores público y privado. Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de promover acciones firmes y sostenidas orientadas a recuperar la tranquilidad, el orden y la convivencia pacífica en la región.
La movilización busca convertirse en un espacio para expresar, de manera pacífica y contundente, la demanda ciudadana por una región más segura, donde las familias vivan con tranquilidad y las actividades económicas se desarrollen sin temor.
Los asistentes también reafirmaron que la seguridad constituye una condición indispensable para el bienestar de la población, la inversión y el crecimiento económico. En ese sentido, exhortaron a autoridades, instituciones, gremios, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía a sumarse activamente a la jornada.
El mes más violento
Tras el asesinato del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febres, el presidente de la Camco, Mateo Gómez Matos, advirtió sobre el incremento de la violencia en la región y sostuvo que este tipo de hechos deben analizarse dentro del contexto de inseguridad que atraviesa Piura.
El dirigente empresarial indicó que mayo registró el mayor número de homicidios en lo que va del año, situación que evidencia la necesidad de adoptar medidas inmediatas para enfrentar a las organizaciones criminales.
Acciones concretas
Frente a este escenario, Gómez planteó la implementación de acciones concretas, entre ellas la instalación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en puntos críticos, la interconexión de los sistemas de monitoreo bajo una central policial y el fortalecimiento de los servicios de serenazgo mediante equipos no letales.
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