La inseguridad ciudadana en la región continúa en preocupante ascenso. En Sullana, tres personas fueron víctimas de extorsión con dinamita en sus viviendas en una sola noche; mientras tanto, en Piura, las empresas de transporte público operan con temor ante la posibilidad de un nuevo atentado en plena ruta.
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De acuerdo al Sistema de Información de Denuncias Policiales (Sidpol), la región Piura reporta 358 denuncias por extorsión en los dos primeros meses de 2025; en promedio, seis denuncias por día. Esta cifra representa un incremento de 23% en comparación al mismo periodo en 2024.
Además, Piura sigue siendo la tercera región con mayor incidencia de este tipo de delito a nivel nacional, solo por detrás de Lima y La Libertad. Los empresarios y pequeños comerciantes son el principal blanco de los extorsionadores, una cruda realidad que ha cobrado mayor notoriedad en los últimos años, como se muestra en el siguiente gráfico.
¿Estrategias policiales no están funcionando?
Recientemente, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías, se refirió a la solicitud de resguardo policial por parte de diferentes orquestas musicales que vienen siendo extorsionadas, calificando el pedido como algo «mediático».
«Es una cosa mediática, mañana qué serán ¿los periodistas?», señaló a la prensa en su momento.
El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, cuestionó la gestión del general Farías, señalando que hasta el momento no ha demostrado un plan de acción efectivo contra la delincuencia.
«Yo creo que los niveles de delincuencia no han bajado, el general Farías hasta ahora no ha demostrado un plan de acción que mitigue los actos delincuenciales, ha tenido el tiempo suficiente para hacer las correcciones necesarias y esperamos que en la próxima sesión del comité regional de seguridad ciudadana dé respuestas claras a todos los integrantes de esta institución que representa los intereses de la ciudadanía», comentó.
Por su parte, el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón Meca, solicitó semanas atrás, el cambio de mandos policiales y la rotación del personal de investigación criminal, con el objetivo de replantear estrategias en la lucha contra el crimen organizado en la región.
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