Piura-. Uno de los consejeros manifestó que el reglamento de Gobiernos Regionales les impide sancionar a los responsables.

El vicegobernador Marco Purizaca dijo ayer que lamentablemente, en el año que termina, el Consejo Regional (CR) no ha tenido una eficaz labor fiscalizadora, pues, en la mayoría de sus intervenciones ha esperado primero que se haga una denuncia pública para luego actuar. Opinó que al CR le falta fiscalizar de oficio presuntos actos de corrupción.

«Esa lentitud genera un sinsabor en la población. Sí han investigando algunas actividades del Gobierno Regional, pero en algunos casos a sido a destiempo. La principal función del Consejo Regional es la de fiscalización, ellos tendrán que decir si hicieron bien o no su trabajo”, expresó.

El presidente de Vigilia Ciudadana, Gerardo Cabrejo, dijo que si la gestión del gobernador regional y sus funcionarios es pésima, la del Consejo Regional también lo es.

Señaló que si bien hay dos o tres consejeros que individualmente han intentado fiscalizar en algunos temas puntuales, el balance muestra que no han estado a la altura de lo que se necesita para que una gestión de gobierno sea al menos regular.

“El Consejo regional norma y fiscaliza y su finalidad es concretar, hacer que se haga una gestión regional eficiente, eficaz y transparente, pero nada de ello ha ocurrido. Debe hacer seguimiento y control de la gestión y la conducta pública de funcionarios y servidores del GORE, e incluso investigar de oficio o a petición de parte; pero todos hemos visto sucesivos escándalos de corrupción, sobrevaluación, nepotismo, entrega de bienes públicos a particulares y hasta acoso sexual; y el rol del consejo regional ha sido más que pobre y hasta cómplice”, sostuvo Cabrejo.

Limitaciones

Para el consejero Alfonso Llanos, si bien este no ha sido un buen año de trabajo debido a la pandemia, aseguró que, respecta a la emergencia, como Consejo Regional han sido minuciosos para fiscalizar los procesos de contratación directa.

Puso de ejemplo que de las 55 contrataciones, 30 han sido observadas, y dichos informes han sido pasados a Procuraduría para determinar o no responsabilidad en los funcionarios involucrados.

Dijo que el Reglamento de Gobiernos Regionales limita el trabajo del Consejo.

“Somos consientes de que en algunos casos como los nombramientos indebidos hay impunidad. Pero tampoco podemos sancionar porque esta acción no se menciona en el Reglamento. Si hacemos un mea culpa, es por estas insuficiencias legales”, aseveró Llanos.