Piura es una región clave para el comercio pesquero y, según Produce, la región alberga los dos puertos de embarcaciones pesqueras artesanales con mayor presencia a nivel nacional: Paita, con un 21.3%, y Talara, con un 14.6% de participación. Hasta el 2022, el 79% del volumen del desembarque pesquero se concentraba en la pota, seguido en menor medida por el perico, merluza, lisa, caballa y bonito.

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Sin embargo, Germán Vega, economista de Redes, explicó que, a pesar de esta relevancia, las condiciones en las que se realiza la pesca artesanal en la región siguen siendo tradicionales, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la eficiencia y seguridad de este trabajo.

¿Cuántos pescadores concentra la región Piura?

Hasta el 2022, se estimaba que el número de pescadores artesanales a nivel nacional alcanzaba los 55 mil, de los cuales 19 mil se encontraban en Piura, consolidándose como la región con mayor concentración de trabajadores en esta actividad. Según el especialista, esta cifra evidencia la alta dependencia de la población local respecto a la pesca artesanal en su vida cotidiana.

El especialista señaló que un 87% de pescadores en Piura trabajan en la informalidad, sin acceso a derechos laborales ni cobertura social, limitando su seguridad y oportunidades económicas.

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Exceso de burocracia en el sector

Asimismo, señaló que los procesos burocráticos dificultan la formalización, impidiendo que puedan operar dentro de la ley, acceder a sistemas de seguridad y vender el producto a un mejor precio. Esta situación no solo afecta a los pescadores, sino también a la calidad y trazabilidad de los productos marinos.

“El exceso de burocracia en los procesos de formalización actúa como una barrera que mantiene a los pescadores fuera del sistema, impidiéndoles acceder a financiamiento, seguros o mejores canales de comercialización. Esto no solo perjudica su bienestar, sino que también afecta la trazabilidad y calidad de los productos marinos, generando ineficiencias en la cadena de valor. Por ello, es fundamental avanzar en políticas que simplifiquen la formalización y promuevan incentivos reales para que los pescadores puedan operar dentro de la legalidad. La regularización del sector no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también fortalecería la seguridad alimentaria y la competitividad de la industria pesquera en la región”, concluyó Vega.