La región norteña registra 218 investigaciones en 2024 según la fiscalía especializada, posicionándose como el segundo foco nacional de este grave delito que vulnera los derechos humanos. La falta de infraestructura especializada y recursos limitados agravan la situación de las víctimas, quienes enfrentan revictimización ante la ausencia de centros de acogida adecuados para su rehabilitación integral.
PUEDES LEER ► Senamhi pronostica lluvias para Lima, Piura y otras regiones de la costa en plena primavera
¿Por qué Piura lidera las estadísticas nacionales de trata de personas?
Piura se ha consolidado como la segunda región del país con mayor incidencia de casos de trata de personas, únicamente superada por Lima Metropolitana. Durante 2024, la Fiscalía Especializada en Trata de Personas (FISTRAP) documentó 218 investigaciones activas, cifra que representa el 15.7% del total nacional y supera significativamente los registros de regiones como Puno, Madre de Dios, Arequipa y Tumbes. Esta alarmante estadística refleja la magnitud del problema de explotación humana en el norte del país, donde las redes criminales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad social y económica para captar víctimas.
¿Cuáles son las limitaciones institucionales para combatir la trata en Piura?
La persecución del delito de trata enfrenta serias limitaciones operativas en la región piurana. La FISTRAP opera únicamente con dos fiscales adjuntos para atender la creciente carga procesal, incluyendo los casos provenientes de Sullana y otras provincias. Esta situación se agrava con los recursos humanos de la DIVINCRI Piura, que cuenta con apenas 25 agentes especializados para cubrir toda la región, aunque las autoridades han anunciado la próxima incorporación de efectivos adicionales. La desproporción entre la demanda de investigaciones y el personal disponible genera retrasos en los procesos judiciales y dificulta la identificación de víctimas de manera oportuna.
¿Qué consecuencias tiene la falta de centros de acogida especializados?
La ausencia de un Centro de Acogida Residencial (CAR) especializado constituye una de las principales deficiencias del sistema de protección en Piura. Las víctimas de trata son derivadas a albergues convencionales que no cuentan con protocolos específicos para atender las secuelas del trauma, exponiendo a las sobrevivientes a procesos de revictimización institucional. Los especialistas en derechos humanos advierten que sin atención psicosocial especializada ni programas de apoyo económico, las víctimas corren el riesgo de retornar a entornos de explotación, perpetuando el ciclo de violencia y vulnerabilidad.











