Según hipótesis e investigaciones policiales, es mucho más que un simple evento de sicariato; es un violento recordatorio de la metástasis que el crimen organizado a alcanzado en la región.
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El brutal triple asesinato a balazos del respetado abogado y candidato a diputado Percy Ipanque Navarro; de un expolicía y de un joven estudiante esta semana no es -como algunos creen o quieren minimizar- un episodio aislado de sicariato, sino la confirmación descarnada de que en Piura el crimen organizado dejó hace tiempo de operar en las sombras de los barrios para instalarse, con absoluta impunidad y libertad, en el tejido social, económico y ahora político de la región.
Por ello, el baño de sangre desatado el último viernes no es solo un hecho policial más, sino la metástasis misma de un cáncer que cada semana avanza inexorable y que las autoridades, en especial policiales, no pueden frenear.
Según las primeras investigaciones policiales, las víctimas tenían vínculos -directos o indirectos-, con organizaciones criminales. Pero lo relevante en este caso no es solo la biografía de las víctimas, sino el patrón que delatan sus muertes: una ejecución selectiva, fría, planificada, con actuación de sicarios profesionales.
Los peritos policiales lo han dicho claro: es un mensaje entre bandas. Una purga. Un ajuste de cuentas por territorio, dinero o traición. Y cuando las mafias se comunican con balas y asesinatos, los piuranos y las autoridades deben entender que algo mucho más grave está ocurriendo en nuestra antes apacible región.
Por ello, la caída del candidato Ipanque, un abogado con trayectoria y figura visible en el escenario político regional, marca un antes y un después. Su asesinato -lamentado por muchos, en especial su familia-, revela que las estructuras criminales ya no se conforman con extorsionar comerciantes, emprendedores o dominar mercados informales. Ahora están incluyendo en sus andanzas sangrientas perfiles profesionales: abogados, policías, candidatos, operadores técnicos.
Cualquier sabueso policial o analista en seguridad sabe con certeza que, esto último es lo verdaderamente alarmante, porque las bandas organizadas se están infiltrando en el ámbito profesional. El mensaje es claro: el crimen organizado no solo busca reclutar jóvenes; está buscando mezclarse, mimetizarse y ganar poder en las instituciones, en especial aquellas que licitan obras o manejan presupuesto de inversión.
En efecto, los delincuentes han entendido que controlar territorios ya no es suficiente; ahora necesitan controlar relaciones, tener contactos, tomar decisiones. Y si es necesario asesinar a un abogado-candidato para enviar un mensaje contundente a las bandas rivales y también a las autoridades de aquí en Piura, ya nadie, ni siquiera un abogado y candidato político están a salvo de los sicarios.
Infiltración
Igualmente, preocupa la infiltración que están haciendo estas organizaciones en la Polícia, la institución cuya labor -irónicamente-, es el de dar seguridad a la población.
La ejución del expolicía Luis Roberto Roque Zapata, indicaría que la corrupción y el acceso a información privilegiada están garantizados dentro de la red criminal. Un exuniformado tiene contactos dentro y facilitaría inteligencia operativa, armamento, o bien, garantiza la “vista gorda” en puntos clave de la ciudad. Su ejecución, junto a la del letrado, podría significar la eliminación de eslabones clave que sabían demasiado.
Por otro lado, la muerte a balazos del joven estudiante, Habner Joel Silva Jaramillo, es también un trágico reflejo de la vulnerabilidad social que existe en Piura. Su muerte subraya la facilidad con que las mafias están captando a adolescentes y jóvenes para utilizarlos como carne de cañón, sicarios o mensajeros de la extorsión.
Este fenómeno, sino se trata como un grave problema social, perpetúa el ciclo de violencia asegurando la renovación de nuevos cuadros en el estaff delincuencial, confirmando una vez más, que la crisis de inseguridad que vivimos hoy los piuranos, tiene profundas raíces sociales y de educación.
El desafío
Estas lamentables muertes debe dejar claro para las autoridades locales que esto no es un hecho aislado. El patrón de violencia sugiere, hace rato, de una guerra territorial que se está librando con una brutalidad que ya no distingue entre civiles y profesionales.
El desafío es doble: primero, esclarecer rápidamente la autoría material del triple crimen; y segundo, y más crucial, desmantelar la red de protección e impunidad que permitió a estas figuras operar con tanta libertad. La seguridad de Piura depende de exponer y erradicar esta peligrosa alianza entre el hampa y las profesiones liberales.n
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