Un caso que evidencia la gravedad de los delitos contra los derechos humanos en Piura culminó con una sentencia ejemplar. El Poder Judicial dictó 32 años de pena privativa de la libertad efectiva contra un exagente policial, hallado culpable de cometer tortura agravada y violación sexual contra una persona que se encontraba bajo su custodia.
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Delito cometido dentro de una dependencia policial
Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2025, al interior de la sede de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Piura, donde el sentenciado Edwin Paul Huablocho Bacalla prestaba servicios como efectivo policial.
De acuerdo con las investigaciones, el acusado abusó sexualmente de la víctima mientras esta se encontraba bajo su vigilancia, en un contexto de total vulnerabilidad. El ataque se produjo en una de las salas del recinto policial, lo que agrava la responsabilidad del condenado al tratarse de un funcionario encargado de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos.
Pruebas determinantes para la condena
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó contundentes medios probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado. Entre las principales evidencias se incluyeron informes de biología forense y el certificado médico legal.
Los peritajes confirmaron la presencia de contenido seminal y espermatozoides, así como lesiones recientes compatibles con una agresión sexual. Estos hallazgos fueron reforzados con testimonios que corroboraron los hechos denunciados por la víctima.
El conjunto de pruebas permitió establecer que el delito se cometió aprovechando la condición de autoridad del acusado, lo que constituye una agravante en este tipo de casos.
Además de la condena de 32 años de prisión, el exagente deberá pagar 200 mil soles como reparación civil a favor de la víctima. Asimismo, se dispuso que reciba tratamiento terapéutico especializado.
Cabe señalar que el sentenciado ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva en un penal de varones mientras avanzaba el proceso judicial.
Este caso ha generado preocupación en la ciudadanía debido a que el delito fue perpetrado por un agente del orden en ejercicio de sus funciones, lo que pone en evidencia los riesgos de abuso cuando no existen adecuados mecanismos de control y supervisión.
Especialistas en derechos humanos advierten que las personas bajo custodia del Estado se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, por lo que las instituciones deben garantizar su integridad física y psicológica en todo momento.
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