Ante la presunta inacción de fiscalización del Consejo Regional sobre la posible utilización de obras públicas para promocionar a funcionarios que serán candidatos a las elecciones, expertos recomiendan que sea la Contraloría y el Jurado Nacional de Elecciones quienes intervengan dichas acciones.
El analista político Sinecio López opinó que un funcionario que será candidato en las próximas elecciones no puede hacer propaganda política con una obra pública que está haciendo el Gobierno en el que participa. Ante ello, indicó que la Contraloría debería intervenir para evitar estos comportamientos ilegales.
“No es moral ni ético este tipo de acciones, es ilegal usar los fondos públicos, en este caso de las obras públicas para promocionarte ya como candidato siendo funcionario. Normalmente, debería, por oficio, intervenir la Contraloría, pero también los organismos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones; e incluso una persona natural puede presentar una denuncia”, explicó.
Asimismo, Manuel Palacios Novoa, exdecano del Colegio de Abogados, sostuvo que por el principio de imparcialidad es que se debería prohibir la participación de los futuros candidatos que son funcionarios actuales a los eventos públicos hechos por la actual gestión.
“Por un principio ético, también, no debería de permitirse este tipo de participaciones en los que incluyan a los potenciales candidatos, y si permite la autoridad de que participe en ese tipo de evento, se puede interpretar de qué se está promocionando al candidato. Es una mala práctica que como funcionario amerita una investigación administrativa”.
Juez y parte
La especialista en Gestión Pública de la UDEP, Juana Huaco, dijo que el Consejo Regional no debería ser juez y parte frente a estas acciones por parte de los funcionarios-candidatos de la gestión actual.
“Son las mismas autoridades quienes faltan a las normas y a sus deberes, el Consejo Regional ha demostrado que no tiene perfil fiscalizador, lo mismo pasó con la aprobación del viaje a Dubái que nada provechoso trajo a la región”.
Asimismo, dijo que los mismos funcionarios y autoridades se burlan de las normas y hacen caso omiso a las prohibiciones.
“Falta mucha responsabilidad política y respeto a las normas, y eso empieza con la propia autoridad”.
