Comisión del Congreso aprueba dar dos años más para que universidades que no aprobaron estándares básicos de calidad se nivelen.

Lo avanzado en la reforma universitaria se podría venir abajo. Las universidades a las que se les denegó el licenciamiento podrían volver a abrir sus puertas, si el Pleno del Congreso da luz verde al proyecto de ley que la Comisión Educación aprobó el último viernes.

Son dos proyectos de ley que pasarán al Pleno. En uno se dispone dar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas para que puedan adecuarse y revisar su proceso. En otro se modificar la conformación del Consejo Superior Universitario, con lo cual se retornaría a algo parecido a la Asamblea Nacional de Rector (ANR)

Perú Libre y Fuerza Popular unidos

En este intento, los congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular votaron a favor. Llama la atención que Podemos, Alianza Para el Progreso y Juntos por el Perú estén en contra.

Para especialistas en Educación como Edistio Cámere y Paul Neira, la discusión de estos proyectos en el momento político actual, por lo menos deja un mal sabor de boca. Esto porque hay algunos congresistas que están ligados a las universidades, como es el caso de Podemos con Telesup, y Las Américas, Alianza para el Progreso con César Vallejo y hasta Fuerza Popular con Alas Peruanas.

Sin embargo, llama la atención que sea precisamente, APP y Podemos los que hayan votado en contra del proyecto. Mientras tanto ya se anuncia una marcha para parar esta ley. Para algunos alistas, como Juan Carlos Tafur, aquí habría un lobby que tendría alguna relación con el apoyo para evitar la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Paul Neira sostiene que ha costado mucho asegurar, por lo menos, condiciones básicas de calidad en las universidades para ahora tener que “echar al tacho todo lo avanzado”

El exministro de Educación, Idel Vexler, considera que la situación de las universidades con licencia denegada debería mantenerse puesto que, en su momento, no cumplieron con las condiciones básicas de calidad.

Añadió que dejar sin efecto el proceso de licenciamiento podría poner en peligro “el aseguramiento de la calidad universitaria”. “En este proceso donde ya su licenciatura ha sido denegada, dar marcha atrás o dar facilidades a ciertas universidades sería contraproducente y se arriesgaría la calidad educativa. Todo esto se puede considerar como un atentado contra la reforma universitaria”, dice.

Al respecto, el especialista Edistio Cámere considera que se les puede dar una segunda oportunidad a estas universidades, pero lo malo es el momento en se discute la ley.

Neira explica que llama la atención el silencio del Ministerio de Educación en esta caso, porque “la Sunedu no hace política educativa, la hace el Ministerio de Educación que ahora está en un silencio estrepitoso.

Este es un atropello al orden legal de la educación superior universitaria. Los equipos técnicos del Ministerio de Educación han sacado informes oponiéndose a estas reformas y era responsabilidad de ministro enviarlos, antes de que se discuta esto en la Comisión de Educación del Congreso”, sostiene.

Cámere, por su parte, señala que se ha revertido la norma de la ley universitaria y esa soberbia que hace imposible que pueda modificarse. “Cualquier tipo de modificación a la ley se toma como una especie de herejía”. dice.

Para el especialista, “Sunedu también tiene lo suyo. En el caso de las universidades, a las que se les ha dado dos años para el cierre, no se puede generalizar. Habría que ver cada caso”.

A las universidades no licenciadas se les dio dos años para que cierren, luego de lo cual pueden volver a abrir, pero con otro nombre y siempre que cumplan con las exigencias de Sunedu.
Neira explica, que las universidades no licenciadas de alguna manera tienen un activo en su nombre, por ello quieren abrir, pero con su mismo nombre.

Sunedu se pronuncia

La Sunedu se pronunció en contra de esta “contrarreforma”. En un pronunciamiento indicó que “En la discusión de estos proyectos no se ha tomado en cuenta las opiniones técnico-jurídicas de la Sunedu, que defiende la imparcialidad y autonomía que todo organismo técnico especializado debe mantener en su rol de garante de un servicio público esencial, como es la educación universitaria peruana”.

Añadió que los textos sustitutorios de los proyectos de ley que se plantearían, “adolecen de numerosos errores, omisiones y ambigüedades, que vulneran lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en las dos sentencias que declararon la inconstitucionalidad del modelo previo a la reforma y la constitucionalidad de la Ley Universitaria”.