Una vez promulgada la ley para retirar fondos de ONP, hay un plazo de aproximadamente de 45 días para llevar a cabo el primer desembolso.
“El Estado tiene casi un 10% del PBI de deuda, no es un Estado con mucha liquidez como para darse el lujo de realizar esas actividades populistas. Este retiro de la ONP afectaría a la caja fiscal en más del 1% del PBI porque son cerca de 15 mil millones que se van a tener que desembolsar. Se debe hacer el cálculo de cuánto va a afectar a futuro”, enfatizó el profesor asociado de ESAN, Jorge Guillén.
Recordó que el Estado actualmente debe desembolsar aproximadamente mil millones de soles para sostener a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y garantizar las pensiones de los jubilados, cifra que aumentará en los próximos años.
Y es que el Congreso aprobó la insistencia de la ley que permitirá el retiro de hasta S/4.300 de los aportes de los afiliados a la ONP. La norma también dispone que se devuelva el 100% de los aportes a los afiliados mayores de 65 años que hayan aportado menos de 20 años y que no reciben pensión por no llegar al mínimo requerido.
Para el Consejo Fiscal -órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -, la implementación de esta decisión del Congreso acarreará un costo fiscal estimado de S/15.956 millones o 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con el consecuente incremento de la deuda pública neta de igual magnitud.
Consecuencias
Dicho consejo refirió, además, que habrá un mayor endeudamiento que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y afectaría el costo de la deuda pública peruana.
Mientras que Guillén consideró que el Estado podría elevar los impuestos para recuperar parte del dinero, y se elevaría el riesgo país: “Podríamos perder inversionistas si es que tenemos impuestos más altos”.
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas, Humberto Correa, compartió opinión al afirmar que “la situación es complicada porque el Estado tendrá que endeudarse y las deudas o el sobregasto que tenga el país ahora por encima de su disciplina fiscal se traducirá en mayores impuestos en términos legales, para los que pagamos IGV”.
Resaltó que el Estado va a tener que seguir atendiendo a los mayores de 65 años y están vulnerables, pues no se puede dejar a la gente indefensa, por lo que el desembolso que deberá hacer el Estado no podrá recuperarse por esa vía.
Inconstitucional
El analista político, Gerardo Távara, subrayó que lo promulgado por el Congreso es abiertamente inconstitucional, pues este poder del Estado no tiene iniciativa de gasto. Ahora el Ejecutivo tendrá que llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC).
“Promulgan la ley, aparece en El Peruano, el Ejecutivo presenta la demanda de inconstitucionalidad, el TC da un plazo de 30 días al Congreso para que responda, después de que responden se convoca a audiencia para que las partes expongan sus puntos y luego el TC puede resolver. Eso demora meses y mientras tanto se debe dar cumplimiento a la norma”, dijo.
El especialista en temas constitucionales, Omar Cairo, aclaró que, tras la promulgación de la ley, no procede una medida cautelar para paralizar los efectos de la norma. Indicó que la única vía para anular la ley es una una demanda de inconstitucionalidad, pero que este proceso en el TC podría demorar por lo menos entre dos y cuatro meses.
Este fue el caso de la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia: se aprobó por insistencia el 7 de mayo, pero recién el 25 de agosto el TC declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad.
Afecta derechos
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo aseveró que la norma “afectaría las bases elementales del sistema de seguridad social”. Advirtió que si esta ley es promulgada podría afectar a miles de aportantes en su acceso a los servicios prestacionales de EsSalud.
