Con más de 150 homicidios registrados durante 2025 y una ciudadanía golpeada por el avance del crimen organizado, el nuevo jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares, asume en 2026 el desafío de frenar la violencia y devolverle la confianza a una población que cuestiona la eficacia de las estrategias de seguridad aplicadas en los últimos años.
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El relevo en la jefatura de la Región Policial de Piura abre un nuevo capítulo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El general Daniel Jares asumió el cargo en enero de 2026 en reemplazo de Manuel Farías, en un contexto marcado por el deterioro de la seguridad y una creciente desconfianza de la población hacia la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.
Para el exjefe de la Región Policial de Piura, Máximo Vargas Hugo, advierte que el reto central del general Jares no se limita a disminuir las cifras delictivas, sino también a restablecer la credibilidad institucional. La población exige presencia policial permanente, resultados visibles y una estrategia clara frente al crimen organizado.
En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer las unidades de inteligencia e investigación criminal, optimizar el uso del personal disponible y mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario.
“El nuevo jefe policial tiene un reto enorme: no solo reducir los índices de criminalidad, sino devolverle la confianza a la población. El año pasado cerramos con más de 150 muertes violentas y eso es alarmante”, mencionó.
Infraestructura
A este panorama se suman serias limitaciones estructurales. Vargas subraya que la infraestructura policial en la región presenta un alto grado de deterioro, con comisarías antiguas, ambientes precarios y carencia de condiciones mínimas para el trabajo operativo.
Para 2026, considera indispensable gestionar recursos destinados a la modernización de locales, plataformas tecnológicas, laboratorios criminalísticos y equipamiento especializado, elementos clave para enfrentar organizaciones delictivas cada vez más sofisticadas.
Emergencia en Piura
Vargas indicó que Piura se consolidó el año pasado como una de las regiones con mayores índices de criminalidad, junto con Lima, Callao y Trujillo. Bajo esa lectura, el reciente estado de emergencia decretado en diciembre de 2025 aparece como una respuesta inevitable frente al avance de delitos como la extorsión, el sicariato y la actuación de organizaciones criminales con vínculos transnacionales.
Vargas sostiene que, a diferencia de experiencias anteriores, esta vez el estado de emergencia podría mostrar resultados concretos debido a la participación directa de las Fuerzas Armadas y la articulación de diversos organismos del Estado. La conformación de comandos unificados de inteligencia, el apoyo militar a la Policía Nacional y medidas complementarias en el sistema penitenciario configurarían un nuevo enfoque orientado a recuperar el control territorial y reducir la violencia.
Mismo esquema
Por otro lado, el exministro de Trabajo y excongresista Juan Sheput criticó el manejo de la seguridad a nivel nacional, al considerar que el actual gobierno no ha marcado diferencias frente a la gestión anterior.
Afirmó que el presidente José Jerí no ha logrado contener el avance de la delincuencia y que las estrategias aplicadas reproducen esquemas sin resultados, similares a los de la administración de Dina Boluarte. Para Sheput, la ausencia de innovación en la política de seguridad explica el sostenido incremento de homicidios y la percepción de un Estado desbordado.
“Con el presidente Jerí no se ha combatido la inseguridad, se repiten las mismas medidas de Dina Boluarte y los resultados están a la vista. Es la misma gestión, con otro estilo, pero sin soluciones reales”, refirió.
Sheput también cuestionó la falta de confrontación del Ejecutivo con el Congreso, lo que habría permitido la aprobación de normas que afectan la economía y debilitan la lucha contra el crimen organizado. Señaló, como ejemplo, la permanencia del Reinfo, al que calificó como un factor que facilita la expansión de la minería ilegal, considerada una de las principales fuentes de financiamiento de las redes criminales.
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