L a Municipalidad de Piura aún debe pagar S/20 millones por sentencias judiciales, de un total de S/41 millones de deudas que recibió la actual gestión.
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Según el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, de este monto ya cancelaron S/20.5 millones, quedando la diferencia por pagar hasta el 2026 o en la siguiente gestión.
“Una mala gestión del alcalde anterior dejó una deuda de S/11 millones porque no reconoció un pacto colectivo. Los trabajadores sindicalizados fueron al Poder Judicial y este dijo que se les pague. De esto ya se pagaron S/8.5 millones, pero además hay deudas de sentencias judiciales por S/30 millones, con lo cual todo suma 41 millones”, expuso.
Del rubro de sentencias ya se cancelaron S/12 millones. Entre el primer monto y este, se tiene que la comuna canceló S/20.5 millones por laudo y sentencias.
“Hemos pagado casi el 50% de la deuda que hemos encontrado. Esperamos que al irnos de esta gestión [paguemos] entre 28 y 30 millones, dejando una deuda pequeña para el próximo alcalde”, sostuvo.
Si se cumple el objetivo, el próximo alcalde iniciará su gobierno con una herencia de S/10 millones.
Cabe indicar que la mayoría de sentencias judiciales corresponden a montos por beneficios sociales de los trabajadores.
sobrepoblación
De otro lado, la autoridad municipal informó que el costo de la planilla municipal de 2.000 trabajadores asciende a una partida anual de S/80 millones.
Debido a este motivo, tienen que tomar fondos de la recaudación del Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP) pagar pagarle los sueldos.
Informó que entre los años 2023, 2024 y 2025 se programaron el 65%, 75% y 75% , respectivamente, de dinero del Foncomun (Fondo de Compensación Municipal) paga pagar la abultada planilla.
“La planilla de la municipalidad es de 80 millones. Es un municipio que está sobrepoblado con más de 2.000 trabajadores cuando solo debería funcionar con 800 servidores”, enfatizó.
Madrid explica que el 2023, el SATP tuvo que recaudar S/29 millones para cubrir la planilla.
Entre el 2024 y ahora 2025, el monto que debe aportar el ente recaudador varía entre los 6 y 7 millones.











