En los últimos 5 años, la actividad de la minera ilegal se ha intensificado en la región Piura, principalmente, en los distritos Tambogrande, Las Lomas (Piura), Suyo, Sapillica, Paimas (Ayabaca), Lancones (Sullana) y Huancabamba; esta actividad, es realizada en la actualidad por un aproximado de 10 mil mineros en la región.
Esta situación es preocupante debió a que bajo las actuales normativas no han podido combatir esta preocupante problemática. Por el contrario, hoy los mineros informales —e ilegales— no están satisfechos con la ampliación, por seis meses, lograda el año pasado, sino ahora buscan que la Comisión de Energía y Minas del Congreso recoja sus propuestas, en audiencias públicas, y las incluya en el dictamen del proyecto de Ley para la Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Ejecutivo y que debería reemplazar al Reinfo.
Así lo dio a conocer Ismael Palomino, coordinador general de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), quien confirmó que han presentado cinco propuestas a la comisión del Congreso para que sean incluidas en el dictamen de la Ley MAPE. Tres de ellas, en la práctica, impedirían el proceso de formalización.
Incluso en la II Audiencia Descentralizada de la Comisión, el presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Celso Cajachagua, dijo que si la ley no se discute con el pueblo saldrá mal.
“Nosotros queremos aportar propuestas que hemos trabajado y esperamos un avance”, señaló.
¿Qué buscan los mineros informales?
Primero exigen que el proceso de formalización sea permanente, como cualquier otra actividad económica. Además que el gobierno debería permitir esa actividad como cuando alguien decide abrir una farmacia: tramita la licencia en la municipalidad y empieza a funcionar.
“De igual forma debe ser la actividad minera. Ese es un planteamiento de la Confemin Perú”, señaló el dirigente minero.
Un segundo objetivo es que la Ley MAPE reconozca la práctica de la minería ancestral o tradicional y disponga medidas para su preservación. Palomino refirió que la mayoría de los mineros pertenece a esta categoría y reconoció, al mismo tiempo, que ninguno ha iniciado el proceso de formalización.
En concreto, quieren que la ley incluya políticas públicas para preservar y mejorar las condiciones de vida de los mineros ancestrales o tradicionales. Esto obligaría al Estado, por ejemplo, a entregar a un minero el título habilitante de minero ancestral, con derecho de exploración y explotación, sin ningún compromiso de formalización, ni obligación de cumplir las normas que regulan el sector, según el abogado Natale Amprimo.
Asimismo, el tercer objetivo de los mineros informales es que la Ley MAPE considere la entrega de derechos de servidumbre. Según Palomino, si un minero no llega a un acuerdo con el concesionario donde hay reservas mineras, podrá solicitar al Gobierno Regional o al Ministerio de Energía y Minas el derecho de servidumbre de explotación sobre “esa labor que está desarrollando”.
