Ofensa a Piura. Organizaciones políticas en la región admitieron en sus filas 81 candidatos con sentencias penales y civiles por hechos graves. 120 postulantes con procesos en JEE podrían salvarse de ser excluidos por demoras en entrega de información pedida al Poder Judicial y Sunarp.
Las organizaciones políticas en Piura decidieron admitir en sus filas a 81 candidatos con sentencias penales y civiles por hechos graves.
Esto se obtiene de una revisión de las declaraciones de hojas de vida que se presentaron ante el Jurado Especial de Piura.
A nivel del Gobierno Regional, los postulantes Reymundo Dioses (Somos Perú) y Sofiana Graciano (Podemos Perú) registran sentencias en materia civil por devolución de pago indebido y desocupación de inmueble, respectivamente.
A nivel de la provincia de Piura, Javier Atkins de Podemos Perú, tiene una sentencia firme por negociación incompatible (pena suspendida). Asimismo, Segundo Valdiviezo de Fuerza Regional, tiene una sentencia firme por violencia familiar en cumplimiento.
En Castilla, la candidata de Perú Libre, Arletti Fiestas Godoy, registra una sentencia firme por desobediencia a la autoridad (con reserva de fallo).
En Veintiséis de Octubre, Jears Gallardo, de Acción Popular, consignó una sentencia firme por omisión a la asistencia familiar (con reserva de fallo).
De acuerdo a la recopilación de un medio nacional, existen 24 candidatos con sentencia penal y 55 con sentencia en el área civil.
Filtros
Sobre el tema, el especialista en temas electorales, Juan Carlos Álamo, el primer filtro que falló fueron las propias organizaciones políticas por admitir a postulantes con antecedentes.
“Hay un filtro bastante débil en los partidos y eso demuestra una falta de preparación y organización, ya que simplemente se crean para llegar al poder. Los partidos y organizaciones son los primeros llamados a elegir los candidatos más probos”, comentó.
Norma
De acuerdo al artículo 34-A de la Constitución, se encuentran impedidos de postular a cargos de elección popular quienes tienen una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices, por la comisión de delito doloso.
En esa línea, no están impedidos de postular aquellos que siguen en calidad de investigados.
De otro lado, la representante de la asociación Vigilia Ciudadana, Mela Salazar, consideró que es deber del Jurado Electoral Especial (JEE) a tomar acciones contra los candidatos.
“Una persona que falte a su deber como esposo o padre, o que tenga denuncias de violencia, luego qué vas a esperar de estas personas cuando no respeta los derechos de su familia”, dijo.
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