El jueves, el Congreso aprobó la propuesta presentada por Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, para modificar los códigos penal y procesal respecto a la responsabilidad penal en caso de legitima defensa.
Al respecto, Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, mencionó que la propuesta de la legisladora es “inútil” porque ya existe hace décadas en el Código Penal. “El artículo 20 del Código Penal regula las causas que eximen de responsabilidad penal en el uso de la legítima defensa.
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“Qué utilidad tendría colocar eso en una norma si ya está establecido salvo que esté incorporando alguna nueva causal. La eximición de toda responsabilidad, como consecuencia del uso de la fuerza, ya está legislado hace décadas en nuestro sistema penal”, recordó.
El letrado también cuestionó que el proyecto de Chirinos también pretenda modificar el artículo 21 referido a la responsabilidad restringida, donde propone que “no procederá la prisión preventiva en ningún momento del proceso”.
“Lo que no puede hacer la ley ni Patricia Chirinos es que le reste atribuciones ni competencias constitucionales al Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial para intervenir y abrir una investigación como, por ejemplo, lo ocurrido con el dueño del chifa que abatió a un delincuente en Villa el Salvador, para determinar si hubo el uso legítimo de la fuerza y no estamos ante un caso de homicidio”, explicó Rivera.
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Requisitos
Según la norma, la legítima defensa tiene que derivar de una agresión real, perpetrada previa irrupción ilegítima dentro de un inmueble, medio de transporte, negocio, empresa, asociación civil, lugar de trabajo o en algún inmueble que sea de propiedad de quien repelió el ataque.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas Chacara (Perú Libre), precisó que en estos casos quedará excluido el criterio de la proporcionalidad del instrumento con el que se repelió el ataque. En lugar de este principio, se tomará en cuenta “la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se dispongan para la defensa”.
También se tomará en cuenta la actitud hacia el agresor por parte de quien se defiende de él, la situación de peligro inminente en la que éste se encuentre y la necesidad de proteger tanto su vida como la de terceras personas.
Otra de las modificaciones al Código Penal propuestas en el dictamen de Chirinos indica que si una persona apela al uso de la fuerza mediante arma de fuego inscrita a su nombre, este objeto será incautado dentro de las siguientes 48 horas para ser sometido a las investigaciones correspondientes.
A pesar de las críticas a su propuesta legislativa Chirinos agradeció por el apoyo al proyecto de ley.
“Gracias a todos los congresistas que apoyaron para que esta iniciativa se haga realidad. La inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado han aumentado incontrolablemente, poniendo en peligro la vida e integridad de todos los peruanos”, expresó.
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