Exgobernador refiere que Servando García debe asumir responsabilidad política para la designación de funcionarios, ahora detenidos.

Las designaciones por consigna política o imposición de sus aliados le terminarán por pasar factura al gobernador Servando García.

Desde el punto de vista de la exautoridad regional, Javier Atkins, este tipo de escándalos al interior del Gobierno Regional era cuestión de tiempo.

“Esto es consecuencia de que el Gobierno Regional de Piura se ha convertido en una agencia de Alianza para el Progreso […] recibe órdenes y no puede hacer otra cosa que no sea lo que dictan de APP”, indicó.

Bajo este análisis, la designación de funcionarios en el GORE no pasa por su perfil profesional y ético, sino por otros factores.
desde un inicio

A su criterio, la primera evidencia fue con la denuncia de acoso contra el exgerente general Jesús Torres, en la cual no le pasó nada.

“El gobernador se hizo de la vista gorda y no hizo nada. Luego han venido denuncias ciudadanas que han quedado en nada. Ahora esta última denuncia que es muy grave”, comentó.

Recordó que la empresa implicada en el caso de cartas fianzas falsas en la obra de Máncora ya ha tenido problemas en municipios con alcaldes de APP.

«Ya no es un caso aislado sino que es un modus operandi de un grupo que está yendo contra los intereses del Estado”, remarcó.

Es responsable

A su criterio, Servando García no puede lavarse las manos en este caso y debe asumir la responsabilidad.

“El gobernador tiene responsabilidad política porque es quien designa al personal de confianza que, aparentemente, ha delinquido. […] Ya se verá en las investigaciones del Ministerio Público si es que le cabe alguna otra responsabilidad […] si sabía o no que la carta fianza era falsa”, indicó.

Agregó que como titular del pliego, tiene responsabilidad directa sobre las contrataciones y firmas de contratos.

“No hay forma de aislarse porque es personal que él ha designado. Si bien es cierto los delitos penales son personales, pero en este caso ya se verá en las investigaciones de donde viene la mano que ha cometido este delito”, agregó.

Bolsita

En relación a este tema, un hecho que probaría la estrecha relación del Gobierno Regional con APP, sería la “bolsa de abonos” que hicieron los funcionarios para la última campaña.

Según la declaración del exjefe de Abastecimiento del GORE y ahora recluído en Río Seco, Edwarth Garcés Colupú.

Ante la pregunta del fiscal sobre los abonos de los cuales se habla en conversaciones de Whatsapp, Garcés relata que de forma “voluntaria” se hacía un aporte de S/150.00 por funcionario para la comida de los personeros de APP en las últimas lecciones donde salió elegido el hermano de Servando.

Según su declaración esto se hacía con los encargados de las áreas de Patrimonio, Contabilidad, Recursos Humanos entre otras oficinas.

Citarán a García

De otro lado, el consejo regional acordó citar al gobernador para que brinde explicaciones del caso.
De acuerdo al consejero y titular de la comisión de Fiscalización, Alfonso Llanos, también se le convocará para que brinde detalles de cómo harán para reiniciar la obra del centro de salud de Máncora que quedó paralizada tras el escándalo.

A su turno, el consejero José Luis Morey, indicó que también debe responder por las denuncias hechas en el Ministerio Público sobre los pagos en la Costanera, contrataciones de unidades ejecutoras y presuntas compras sobrevaloradas.

“Al gobernador lo vamos a citar la próxima semana por otras denuncias […] Tiene que hacerse responsable por las designaciones que hace. El tiene a cargo la supervisión de las contrataciones que haga el Gobierno Regional. No es solo responsabilidad política, sino también administrativa”, dijo.

Datos

• El exgerente general del GORE, Jesús Torres, permanece internado en una clínica de Trujillo.
• Se encuentra bajo custodia policial y a la espera de una intervención quirúrgica por una fractura y desviación de tabique.
• La ampliación de la detención preliminar también se pidió para Karina Ordinola Espinoza, Rosa Zapata Quevedo, Vladimir Sokolic Montoya y Marco Antonio Pérez Frey.
• El siguiente paso sería el pedido de prisión preventiva para los investigados.